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Integrantes de organizaciones indígenas del continente americano se reunieron este jueves con la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quien manifestaron que es momento de que las mujeres indígenas tengan un empoderamiento político y económico en sus países.

Al respecto, la senadora perredista manifestó que es fundamental trabajar para que los derechos humanos de los pueblos originarios puedan ser una realidad y se concreten en políticas públicas y acciones gubernamentales.

En este sentido, dijo que ese sector de la población ha sufrido “por siglos” de una “gran marginación y de exclusión social”, por lo que es necesario trabajar para revertir esa situación y  reconocer el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Se debe trabajar --agregó-- desde todos los puntos de vista para que México pueda sacar adelante todos estos pendientes.

En su turno, Mirna Cunningham Kain, integrante del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos  Indígenas de América Latina y el Caribe, señaló que en la actualidad una de las demandas fundamentales de las mujeres indígenas es conocer el marco jurídico que las ampara, además de buscar un empoderamiento político y económico.

Indicó que para ello se promueve en el continente un modelo de desarrollo llamado “del buen vivir” que retoma algunos de los aspectos fundamentales de la cosmovisión de los pueblos originarios y su sistema económico comunitario que contiene elementos como la reciprocidad, la complementariedad y la solidaridad.

Es un modelo --precisó-- que no sólo se preocupa por el crecimiento económico sino que también lo hace por la igualdad entre todos los seres humanos y su relación con la naturaleza.

Por otro lado, lamentó que las mujeres indígenas aún enfrenten “la violencia estructural e institucionalizada derivada del racismo y la discriminación que todavía existe en nuestros países”.

Ante ese problema, informó que se busca en la Organización de las Naciones Unidas una resolución específica “que aborde la violencia que enfrentamos porque las organizaciones de los  estados no adecúan sus modelos de atención y no toman en cuenta las particularidades de las mujeres indígenas”.

De igual manera, dijo que dicha resolución deberá abordar el tema de la militarización y la presencia de empresas extractivas en sus territorios, pues “la situación es realmente grave y contribuye a aumentar el tráfico de niñas y  mujeres”.

Para Otilia Lux de Cotí, directora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas,  el propósito de la promoción de los derechos de las mujeres es lograr “una verdadera y real ciudadanía, así como tener una vida libre de violencia porque estamos asediadas por ésta”.

Destacó que se trabaja articuladamente con otras organizaciones para impulsar la participación política de la mujer indígena porque se trata de una lucha generalizada y es necesario incidir en las políticas públicas para combatir temas como la violencia en un marco de diversidad.

En su turno, Magdalena Aisabucha, de la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas, dejó en claro que “nosotros no mendigamos derechos” porque ya los tenemos “y  solamente queremos que se respeten”.

Mencionó que se encuentran en la defensa constante de sus garantías colectivas, pues éstas no son respetadas por los estados de cada uno de los países.

Asimismo, acusó que los modelos económicos y  extractivistas que aplican “están afectando sus comunidades en donde las más afectadas son las mujeres pues ha aumentado la violencia, la discriminación y el racismo hacia ellas”.

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