Número-1224

  • Las nuevas concesiones serán de 30 años, con la posibilidad de prorrogarse.


La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, las reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, a fin de reducir de 50 a 30 años las concesiones para construir, operar y explotar vías férreas.

 

El proyecto precisa que las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un tiempo que en total no exceda de 30 años.

 

También establece que los concesionarios y permisionarios estarán impedidos a negar el servicio público de transporte ferroviario de carga a cualquier usuario que se los solicite, y le otorga a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario mayores herramientas en materia de vigilancia y competencia.

 

Dispone que este órgano será el encargado de publicar trimestralmente la información estadística sobre el cumplimiento con los niveles de servicio, eficiencia operativa, administrativa y de atención a que los concesionarios están obligados. Entre otros puntos, también actualiza las infracciones que serán sancionadas por la Agencia.

 

A través una adenda al proyecto, se estableció que los concesionarios y permisionarios cada dos años registrarán ante la Agencia las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

 

Y que las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto se sujetarán a las disposiciones vigentes en el momento de su otorgamiento.

 

En cuanto a las infracciones, se determinó que la Agencia aplique una multa de 112 mil 224 mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quienes presten el servicio público, sin la concesión respectiva.

El dictamen destaca que el esquema actual de concesiones generó barreras de entrada y falta de competencia, pues sólo unas cuantas empresas tienen un poder de mercado suficiente para hacer valer su peso frente a los competidores.

 

El proyecto actualiza el marco legal vigente que establece las bases para realizar una regulación tarifaria y fijar precios del servicio público de transporte ferroviario cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

 

También plantea procedimientos efectivos para establecer medidas que restauren las condiciones de competencia en aquellas rutas o trayectos en que la Comisión Federal de Competencia Económica haya determinado una ausencia de condiciones de competencia efectiva.

 

El senador Noé Castañón señaló que Movimiento Ciudadano está en contra de los monopolios y de las concesiones autoritarias otorgadas en 1995, pues el sector ferroviario mexicano paso a ser una actividad prioritaria y susceptible de privatización.

 

Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que el sector ferroviario es estratégico en el contexto económico en la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá.

 

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que a pesar de que los ferrocarriles mueven 50 por ciento de la mercancía que se exporta, no se escuchó a los actores involucrados. Destacó la necesidad de defender a los empresarios que con sus inversiones generan empleos que benefician a la población.

 

La senadora Nancy Sánchez Arredondo, de Morena, precisó que el olvido del sistema ferroviario provocó gran rezago en infraestructura e inversiones. Precisó que se hará justicia pues las concesiones se otorgarán a 30 años, prorrogables por el mismo tiempo, y señaló que se defenderá la inversión privada honorable y ética.

 

En lo general, el dictamen se aprobó con 90 votos en favor y 25 abstenciones. En lo particular, la Asamblea desechó las propuestas para modificar diversos artículos presentadas por los senadores Germán Martínez Cázares, de Morena, y el senador del PAN, Horacio González Delgadillo, por lo que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen, con 90 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones.

 

La Mesa Directiva, que preside el senador Eduardo Ramírez, remitió la minuta con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.