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El pleno del Senado conoció en primera lectura el dictamen por el que se establece un plazo adicional para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública obtengan la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, o de lo contrario sean separados del servicio.

Por la mañana, el senador priista Omar Fayad Meneses presentó la iniciativa que reforma el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de ampliar dicho plazo a 365 días naturales para alcanzar la meta de evaluar al 100 por ciento del personal de las corporaciones policiacas.

“Y que todo este esfuerzo que se ha realizado prácticamente en cuatro años no se pierda, se le dé continuidad, se refuerce y de esta manera podamos dar cumplimiento a un acuerdo importante que se tomó con la sociedad mexicana cuando nos propusimos tener cuerpos de seguridad pública mejor capacitados”, como instrumento más de la lucha contra la delincuencia, expresó.

A petición del legislador, la Mesa Directiva turnó la propuesta de manera inmediata a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para que en cuanto emitieran el respectivo dictamen se agendara  “para discutirlo a la mayor brevedad”.

Con la reforma, destacó, concretarán los esfuerzos para depurar y fortalecer a las corporaciones policiacas y se garantizará a la sociedad que cuentan con personas profesionales y confiables que cuidan de su seguridad.

Afirmó que al 31 de octubre de este año, de una plantilla activa de 71 mil 614 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, se reportó un avance del 100 por ciento en las certificaciones.

Esto, enfatizó el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública, significa que la totalidad de elementos cuenta con al menos una evaluación en control de confianza.
 
Sin embargo, en los ámbitos estatal, municipal y del Distrito Federal, el seguimiento inició de manera mensual para los programas de permanencia y nuevo ingreso en enero de 2010, por lo que al 31 de octubre de 2012, 293 mil 632 elementos de 426 mil 349 fueron evaluados de manera integral.
 
En este sentido, subrayó, se estima que al final de este mes se logrará a nivel nacional un avance de tan sólo del 84 por ciento, “dado que el 59 por ciento de las entidades federativas todavía no han logrado lo estipulado en el artículo Tercero Transitorio de la Ley”.

Ante este panorama, Fayad Meneses consideró necesario revisar la norma, ya que más de la mitad de las entidades se ubicarían en el supuesto de no alcanzar el propósito de certificar al 100 por ciento de sus integrantes y se deberán definir jurídicamente las líneas de atención para el personal que no cuente con este requisito en enero del 2013.

Específicamente, acotó, para aquellos que no han sido evaluados por  la falta de capacidad de los centros de evaluación en las entidades, “en virtud de que no es un hecho imputable a los integrantes de las instituciones”.
 
Precisó que el artículo Cuarto Transitorio señala expresamente que quienes no cumplan con esta disposición deberán ser separados del servicio, pero de aplicarse de manera estricta se separaría a los integrantes que no hayan sido evaluados y a los que obtuvieron resultados no aprobatorios.

Lo anterior, enfatizó, “lo que redundaría en una fuerza pública debilitada, que lejos de otorgar una mayor seguridad a la sociedad, crearía un efecto contrario”.

Argumentó que estamos en una situación crítica en la que sociedad no confía en las instituciones responsables de la seguridad pública, ya que a pesar de la suma de esfuerzos y el compromiso por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “el personal que las conforma no está debidamente capacitado y profesionalizado”.

Aunado a esto, dijo, “no se ha logrado consolidar el sistema de control de confianza para evaluar y certificar a la totalidad del personal”.

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