Número-399

  • En el último cuatrienio se ha perdido, en promedio, mil 600 millones de abejas, con graves repercusiones en la polinización y producción de miel


La senadora María Merced González González presentó una iniciativa en la que propone expedir la Ley General de Protección Apícola, cuyo objeto es regular las cuestiones inherentes a la protección, conservación, producción, manipulación genética y registro del sector apícola.

 

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la desaparición de las abejas va en aumento, debido al avance de la industrialización o el uso de tóxicos en actividades agrícolas, pesticidas y afectaciones derivadas del cambio climático. Todos estos factores, son una amenaza no solo para la población apícola, sino para la humanidad y los ecosistemas del planeta, acotó.

 

Las abejas, subrayó, son considerados insectos útiles sin comparación y son un factor importante por el impacto económico que la actividad apícola tiene en nuestro país. Hizo referencia a lo publicado por el diario “La Jornada Maya” donde se informó que, en septiembre de 2018, México era el tercer exportador de miel en todo el mundo, ubicado solamente por debajo de China y Argentina.

 

Además, hizo referencia al investigador Tonatiuh Cruz Sánchez, del Laboratorio de Análisis de Propóleos FES Cuautitlán, quien en abril de 2019 señaló que en el último cuatrienio se ha perdido, en promedio, mil 600 millones de abejas, con graves repercusiones en la polinización y en la producción de miel, atribuyendo este hecho a factores como como la destrucción de su hábitat y el uso excesivo de agroquímicos.

 

Por estas consideraciones, la senadora González González, prevé en su propuesta de Ley General de Protección Apícola que la vigilancia de esta, se realice por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación, estados y municipios; y plantea que todas las personas o individuos que se dediquen de manera preponderante u ocasional a la apicultura y los sectores relacionados a ella, serán sujetos de ella.

 

En la Ley se establecen capítulos relativos a los derechos y obligaciones de los apicultores, de lo relativo a la protección, modernización y fomento apícola, donde precisa que el apicultor debe mantener el apiario en general, libre de todo elemento natural, biocida, plagas u otros elementos que afecten el normal desarrollo de la colmena.

 

También se prevé lo relativo a la identificación de colmenas, control de plagas, entre otros, y colmenas rusticas o antiguas y técnicas o modernas. Agrega que las personas que tengan interés en tener una colmena en su domicilio, deberán solicitar el permiso correspondiente en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de realizar el estudio de viabilidad y protección ciudadana.

 

Se precisa que, para el correcto desempeño de la actividad apícola, se implementará un órgano de control y vigilancia que se conformará de acuerdo a su reglamento interno y que estará a cargo de la Secretaría. A su vez, se crea el Instituto Nacional de Investigaciones.

 

La propuesta también prevé que las personas que pretendan dedicarse a la apicultura, tienen la obligación de registrarse en el Registro Nacional Apiarios y Apicultores, y finalmente, se establecen sanciones por el robo de colmenas.

 

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y de Estudios Legislativos, Primera.