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El sistema educativo mexicano “se ha constituido como un monopolio que no rinde cuentas a nadie” y “no hay un solo actor que asuma su responsabilidad por el bajo desempeño de los estudiantes”, advirtió el senador panista Gabriel Ávila Ruiz.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijo, México tiene una proporción elevada de estudiantes con bajo desempeño académico, así como altas tasas de deserción escolar y “no basta con mejorar las prácticas de enseñanza” para revertir esta situación sino que también se requiere un régimen de transparencia.

Por esa razón, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, a fin de promover un régimen de rendición de cuentas y equidad educativa, cuyos resultados se tomen en cuenta para asignación del presupuesto anual en el rubro.

En la exposición de motivos, el legislador aseguró que con esta medida, las autoridades “sentirán una presión efectiva de la ciudadanía” para que la asignación del gasto se defina “de manera justa y eficaz a las escuelas de todo el país”.

Afirmó que “es poco probable que las medidas gubernamentales, del tipo que sean, produzcan por sí solas la mejora de los resultados educativos en México”, pues se requiere una estrategia integral que tome en cuenta los diversos aspectos del sistema.

Ávila Ruiz señaló en la tribuna senatorial que en nuestro país este es el ramo que más recursos recibe, por lo que “es imprescindible cuidar en qué y cómo se están gastando los fondos federales, así como evaluar el desempeño”.

Sólo así, agregó, se podrá valorar si el destino del presupuesto es el adecuado, si existe una distribución equitativa o si deben hacer reasignaciones para garantizar la efectiva igualdad en el acceso, calidad y permanencia en los servicios educativos.

Reconoció que al momento no hay instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan conocer con claridad el desempeño del sistema educativo en las distintas regiones.

En este contexto, propuso que en acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se creen los instrumentos para evaluar los resultados del sistema y remitirlos periódicamente a la Cámara de Diputados.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Educación y Estudios Legislativos.

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