Número-1240

• Se trata de modificaciones al artículo 4º de la Constitución Política, en materia de bienestar.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron reformas y adiciones al Artículo 4º Constitucional en materia de bienestar, para garantizar derechos, beneficios económicos y salud universal a grupos vulnerables, adultos mayores, indígenas, afromexicanos, discapacitados y a estudiantes de todos los niveles del Sistema Nacional de Educación Pública, sobre todo a los hijos de familias pobres, así como para marginados y olvidados de siempre.

En reunión extraordinaria, los citados órganos legislativos que presiden los senadores de Morena, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Ana Lilia Rivera Rivera, respectivamente, aprobaron en forma unánime el dictamen a la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Diputados que reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política, en materia de bienestar.

La asamblea autorizó en votación económica incorporarlo al orden del día de la sesión ordinaria de ayer y quedara de primera lectura. El próximo martes se le dispensará la segunda lectura y se pondrá a discusión y aprobación del Pleno.

En los resolutivos avalados por las y los senadores de las comisiones unidas, se establece que la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Se indica que el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

En tanto, las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los 65 años.

Además, el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Concluyeron que, de aprobarse la iniciativa, se generará un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos. No obstante, tomando en cuenta el escenario en el cual todas las entidades federativas celebren acuerdos de coordinación, con los recursos del FASSA se podrían solventar los recursos adicionales que, se estiman, serían necesarios para atender las propuestas de esta iniciativa.

El senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, destacó que será una realidad la búsqueda de beneficios económicos integrales para los grupos vulnerables, adultos mayores, indígenas, afromexicanos, estudiantes de todos los niveles del Sistema Nacional de Educación Pública, sobre todo hijos de familias pobres, así como para discapacitados, marginados y olvidados de siempre.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, señaló que la ampliación de derechos es una consigna y es parte de esa lucha histórica por impulsar apoyos reales hacia los sectores excluidos de siempre. Para hacerlos realidad, indicó, se deberá establecer con precisión el entramado institucional que se apoyará en políticas públicas específicas, con el fin de que no sólo se constitucionalice esos derechos, porque cada uno son bastante amplios, precisó.

El senador Dante Delgado, de MC, aseguró que esta reforma constitucional permitirá atender a los más desprotegidos de toda la vida, por lo cual exhortó a las y los senadores en general a acompañarla con el sentido afirmativo de su voto, con el fin de ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace.

El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, resaltó que es un tema que se viene analizando desde muchos años atrás, por parte de una corriente de políticos progresistas, mujeres y hombres. “Las reformas y adiciones al Artículo 4º Constitucional van a ser ejemplo en América Latina en la lucha por los derechos sociales”, pronosticó.

Una vez aprobada esta reforma en el Pleno del Senado, se devolverá a la Cámara de Diputados, y una vez que avalen las modificaciones realizadas por la Cámara Alta, esta reforma será remitida a los Congresos Locales para que la ratifiquen y la aprueben en un 50 por ciento más uno de ellos, para que de esa forma sea constitucional y la promulgue el Presidente de la República.