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La Comisión de Justicia recibió este viernes a 11 candidatos para sustituir a Jorge Efraín Moreno Collado en el Consejo de la Judicatura Federal, quien concluye su encargo el próximo 30 de noviembre.
A preguntas de los senadores Arely Gómez, Graciela Ortiz González y Arturo Zamora Jiménez, del PRI; Roberto Gil Zuarth, del PAN; Manuel Camacho Solís, Dolores Padierna Luna y Benjamín Robles Montoya, del PRD, y Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, los aspirantes abordaron temas como el caso Paulette y la implementación de la reforma en materia de derechos humanos y del nuevo sistema penal acusatorio.
En su exposición, Gildardo Galinzoga Esparza aseguró que a un año y medio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aún hay tribunales colegiados y jueces federales que “no la han aplicado una sola vez” y en nada beneficia “el desgaste de recursos económicos” si ésta no se aterriza en sentencias judiciales.
Para Juan Luis González Alcántara en este momento en México no estamos en condiciones para implementar el sistema penal acusatorio, pues se carece de la legislación secundaria y los estados en los que se ha puesto en marcha lo han hecho de manera improvisada porque no existe capacitación de abogados ni del personal judicial.
Por su parte, Salvador González Baltierra resaltó que para impartir justicia de forma objetiva, imparcial e independiente no sólo basta con una capacitación sobre las reformas constitucionales en derechos humanos o los tratados internacionales sino también contar con ética.
En opinión de Joaquín González Casanova urge “una visión compartida” sobre los fines que se persiguen en la administración de la justicia federal, a fin de asegurar que sus decisiones “tengan rumbo” y no sean condicionadas sólo por la coyuntura y “los intereses circunstanciales”.
En su turno, José Patricio González Loyola manifestó que “nos hemos ocupado más de aspectos formales y necesitamos un cambio en la educación de los juzgadores, así como en la operación del derecho”.
En su turno, Martha María del Carmen Hernández Álvarez aclaró que como subprocuradora general del estado de México --cuando ocurrió el caso Paulette-- no llevó a cabo “ni una sola actuación de ese expediente”, pues lo que tenía bajo su responsabilidad en la procuraduría era solamente el desempeño jurídico y la implementación de juicios orales.
Aseguró que su papel se limitó al área jurídica y “soy absolutamente responsable de todos los actos, respondo por todos ellos en todos los ámbitos y me pongo a consideración de ustedes”, porque “cómo podría integrar yo un órgano que es auxiliar de la comisión de administración de justicia del Consejo de la Judicatura Federal si no tuviera calidad moral para hacerlo”.
A su vez, Elías Huerta Psihas dijo que de llegar a ser elegido como consejero impulsaría un sistema de prevención y protección para jueces y magistrados en materia penal, así como ampliar los controles de confianza para evitar que se infiltre el crimen organizado en el Poder Judicial.
El ex procurador general de justicia del estado de Morelos, David José del Carmen Jiménez González, aseguró que es el “momento oportuno” para fortalecer el área jurisdiccional de ese órgano, que permita sancionar las conductas de jueces y magistrados que violen el marco legal.
Respecto al tema de rendición de cuentas, Héctor Rodolfo Lara Ponte planteó una serie de acciones para implementar mecanismos de supervisión e incidir en el acceso a la información.
Además, sugirió fortalecer la autonomía de los impartidores de justicia, a fin de incrementar los niveles de confianza.
En tanto, Carlos Fernando Matute González consideró que el Senado puede contribuir institucionalmente en el rumbo de la justicia en el país, pues el consejero que designará será la expresión de la visión que ese órgano legislativo tiene respecto a la política judicial, además se fortalecería al Consejo “en una etapa crítica en la consolidación de las reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos”.
Por último, Jorge Mier y de la Barrera afirmó que de ser elegido llevaría a cabo una estrategia que permita transitar a un Consejo más eficiente, transparente, que ejerza correctamente sus recursos y estructuras, a efecto de que los impartidores de justicia puedan desarrollar de manera adecuada una carrera judicial
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