Número-717

• INEGI estima que a nivel nacional hay más de 407 mil 720 personas albergadas o indigentes.

Senadoras y senadores del PT, presentaron un punto de acuerdo para quedurante la temporada invernal 2019-2020, la Secretaría de Bienestar, instale albergues para la protección de las personas que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, la propuesta publicada en la Gaceta del Senado busca hacer un llamadoa los 32 gobiernos de las entidades federativas para que instalen albergues para la protección de dicho sector de la población durante esta época del año.

Lo anterior, debido a que uno de los grupos poblacionales que se encuentra en situación de vulnerabilidad derivado de las bajas temperaturas, es el de las personas en situación de calle. Este grupo poblacional se encuentra conformado por niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El punto de acuerdo precisa que este grupo poblacional se encuentra en situación de pobreza extrema, por lo que carecen de una vivienda regular en la cual puedan protegerse de los elementos naturales. Intentan protegerse en los espacios públicos o áreas degradadas que existen en las ciudades de nuestro país, tales como parques, puentes, banquetas, terrenos baldíos.

Refiere que de acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, existen, por lo menos, 4 mil 354 personas en situación de calle que se concentran, principalmente, en las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa

Por otro lado, indica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que a nivel nacional hay más de 407 mil 720 personas albergadas o indigentes, “aunque definitivamente las estadísticas disponibles no precisan el número de población que habita en la vía pública”

Advierte que la población en situación de calle ha sido históricamente excluida no solamente de participar de manera activa en la vida pública del país, sino que también del mercado laboral e, incluso, de los conteos oficiales poblacionales.

Es importante destacar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, puntualiza.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

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