Número-642

• Su objetivo es evitar el plagio de obras, artesanías, prendas típicas, entre otros, y garantizar su cultura e identidad nacional.

Las comisiones unidas de Cultura, de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron en forma unánime la iniciativa que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimentos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, con el fin de proteger sus derechos de autor y evitar que empresarios nacionales y extranjeros plagien y se aprovechen de sus conocimientos, expresiones culturales y bienes sin ofrecerles algún beneficio.

El dictamen correspondiente fue aprobado durante la reunión ordinaria de esos órganos legislativos, realizada en la Sala de Reuniones del Grupo Parlamentario de Morena. El objetivo central es evitar el plagio de obras, artesanías, prendas típicas, entre otros, y se garantice su cultura e identidiad nacional.

En sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2018, la senadora Susana Harp Iturribarría y el senador Ricardo Monreal Ávila, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto con la que se expide el mencionado ordenamiento.

La legisladora Harp Iturribarría argumentó que se trata de atender una laguna jurídica que posibilita que personas ajenas a las comunidades indígenas, se apropien de sus conocimientos y expresiones culturales sin que les participen de los beneficios que genera el uso y aprovechamiento de sus bienes.

“Los indígenas y los afromexicanos, aunque son portadores de culturas cenenarias, siguen viviendo en condiciones de pobreza, marginación y de exclusión económica y social”, manifestó.

Señaló que entre las deudas que el Estado mexicano tiene con los pueblos y comunidades indígenas y los afrodescendientes, destaca el hecho de que su patrimonio cultural e intelectual representado por las prácticas, los conocimientos, su modo de vida y tradiciones, están constantamente siendo violentados a causa de la falta de protección jurídica.

Ello provoca, afirmó, que sistemáticmente se registre una transgresión a los derechos humanos y libertades fundamentales de esa comunidades.

Enfatizó que el nuevo ordenamiento propone regular el uso y aprovechamiento a cargo de terceros (empresarios, comerciantes, etcétera) y procurar una retribuciòn económica justa de los beneficios que deriven de la explotación o comercialización de dichos bienes.

Aseguró que en la nueva ley se define como inalienables, indivisibles e imprescriptibles a los derechos colectivos de propiedad de los pueblos y comunidades, respecto de sus conocimientos, cultura e identidad y de las manifestaciones materiales que de ella deriven.

Agregó que también se les reconoce personalidad jurídica para los efectos de representación legal a las diferentes autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y de los afromexicanos, con base en sus usos y costumbres, así como a las autoridades municipales que, conforme a los censos de población, tengan 40 por ciento o más de población indígena, y las asociaciones de creadores, artesanos, ejecutantes y productores indígenas o afrodescendientes que cuenten con conocimiento de los titulares.

“El ejercicio de los derechos que protege esta ley, puede iniciarse sin que medie procedimiento administrativo alguno”, subrayó.

La nueva legislación también establece un sistema de salvaguardia, con el fin de establecer polìticas públicas para la protección, defensa y promoción de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

De igual manera, establece la creación del Registro Nacional de Elementos de la Cultura e Identidad, como un instrumento de política pública que identificará, catalogará, registrará y documentará las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades en general, destacó la senadora Susana Harp Iturribarría.

El dictamen fue aprobado a mano alzada por los 15 senadores presentes de las tres comisiones unidas citadas, y fue turnado a la Mesa Directiva para que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y se registre en el orden del día de próxima sesión ordinaria.

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