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La senadora priista María Lucero Saldaña Pérez, propuso reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prevenir y sancionar como delito, la violencia política que enfrentan y que puede ser psicológico, físico, patrimonial, económico y sexual, así como familiar, laboral y docente.

En su opinión, también deben ser considerados actos de violencia política aquellos que se impongan por estereotipos de género, la realización de tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo y les asignen trabajos que tengan como resultado la limitación del ejercicio de su función político-pública.

Explicó que este tipo de violencia tiene múltiples expresiones, como para precandidatas y candidatas, legisladoras y autoridades municipales electas, tanto en el ámbito personal, en el trato discriminatorio en los medios de comunicación, hasta poner en tela de juicio la vida personal.

En la tribuna senatorial, hizo notar que la violencia política se presenta asimismo como difamación, burlas, calumnias, desprestigio, intimidación y amenazas.

Ante ello, dijo que México ha armonizado desde la perspectiva de género su legislación nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado, y  ha avanzado en el reconociendo de contar con leyes progresivas y no violatorias a los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo –aclaró-- a medida que aumenta la incursión de las mujeres en política, se incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia.

En tal sentido, destacó que el término de violencia política no se reconoce actualmente en la ley y por tanto, ha sido “invisibilizado”.

“Es momento de defender nuestros derechos políticos electorales en los instrumentos jurídicos del país”.

La iniciativa fue turnada a comisiones unidas de equidad y genero y estudios legislativos, segunda.

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