Número-1684

  • La disminución de la violencia, pasar por un enfoque de derechos humanos en penales: Martí Batres.

 

Las cárceles en México, en teoría, deben ser un espacio de reinserción social, sin embargo dista mucho de la realidad, señaló Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, durante la inauguración del “Encuentro sobre políticas de reinserción laboral para personas privadas de libertad en México”, organizado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

 

Expuso que, en la práctica, muchos de los centros de readaptación social están sobrepoblados, situación que dificulta las condiciones deseadas de reconstrucción social ciudadana.

 

En diversos lugares del país hay “fuertes violaciones a los derechos humanos de los internos”, dijo. Por otra parte, el espacio de reclusión muchas veces se convierte en una línea de continuidad de los procesos que se pretenden revertir.

 

Abundó en que es fundamental analizar nuestros problemas penitenciarios, con sus particularidades. “Una visión que mire hacia la disminución de la violencia, tiene que pasar por un enfoque de derechos humanos al interior de los reclusorios”, añadió.

 

Subrayó que se debe trabajar en los aspectos relacionados con los procesos de readaptación, como el trabajo penitenciario y la relación con las empresas. Así como insertar en la vida de las cárceles un conjunto de instituciones de carácter educativo, cultural, social, espiritual y deportivo, entre otros.

 

Quien egrese de un centro penitenciario debe hacerlo para insertarse en la vida laboral y productiva, pero la sociedad y el Estado deben proveer esas condiciones, refirió. Lo anterior, repercutirá en la disminución de la violencia que hoy afecta a una parte del país.

 

En su turno, Riccardo Turrini Vita, director general del Departamento de Formación de la Secretaria de Justicia de Italia, dijo que el trabajo es un instrumento ineludible de preparación para que una persona recluida reingrese en la sociedad.

 

En su participación, Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, indicó que muchos de los integrantes de la administración actual fueron presos políticos, es por eso que el gobierno actual se empeña en defender a luchadores sociales y activistas recluidos injustamente.

 

Antonino de Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México, dijo que el mundo enfrenta una crisis del sistema penitenciario. El uso del encarcelamiento se debe reducir, pues es un castigo desproporcionadamente cruel que afecta principalmente a los grupos más vulnerables; “estamos ante la criminalización de los pobres”, sentenció.

 

Vicenzo Lo Cascio, director del Departamento de Pública Utilidad del Sistema Penitenciario italiano, señaló que se busca la participación entre ambos países en un programa que pueda ser reproducido en todas las cárceles del mundo, con posibilidad de integración a través del trabajo penitenciario y compensado.

 

A la inauguración del foro también asistieron: la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; Muriel Jourdan, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal del UNODC; y Mohammed Al-kuwari, embajador de Qatar en México.