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El Senado de la República condenó enérgicamente el asesinato del menor José Antonio Elena Rodríguez ocurrido a manos de agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la semana pasada en Nogales, Sonora.

En un punto de acuerdo apoyado por legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, se solicitó al gobierno federal brindar apoyo jurídico a los familiares de José Antonio y que por conducto de la cancillería se mantenga un puntual seguimiento a ese trágico suceso e informe de los resultados de la investigación de los hechos que ocasionaron su muerte.

Adicionalmente, conminaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores  para que se investigue con las autoridades estadounidenses, y se esclarezca éste y los delitos similares ocurridos en los últimos años en contra de connacionales.

La SRE también deberá solicitar al Senado de Estados Unidos la revisión de los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la patrulla fronteriza, en concordancia al marco normativo internacional de protección a los derechos humanos, para evitar que se repitan este tipo de acontecimientos.

En otro punto del resolutivo, se  indica que Relaciones Exteriores deberá informar, en un plazo no mayor a diez días, sobre los resultados y compromisos adoptados en el marco de la pasada reunión del Comité Ejecutivo Bilateral sobre Administración de la Frontera Siglo XXI, que tuvo lugar el 31 de mayo del 2012.

Los senadores recomendaron al gobierno federal que proponga  a su contraparte estadounidense una mesa de trabajo binacional, a fin buscar soluciones inmediatas para romper el patrón de incidentes de abuso, violación a los derechos humanos, xenofobia y discriminación por parte de las fuerzas del orden de ese país que ofenden y lesionan a todos los mexicanos y lastiman las relaciones entre ambas naciones.

Al discutirse el asunto, la senadora priista Ivonne Liliana Álvarez exigió que se investigue inmediatamente para llegar hasta las últimas consecuencias y se aplique todo el rigor de la ley a los responsables de la muerte de José Antonio.

Exhortó a las autoridades mexicanas a encontrar un mecanismo para hacer justicia y mantener este tema en la agenda pública y como prioridad binacional, con el propósito de que no se vuelvan a presentar asesinatos o violaciones flagrantes a los derechos humanos de los connacionales.
       
Para el senador panista Francisco Búrquez Valenzuela este hecho es incomprensible, porque “no cabe la razón” para seguir utilizando armas de fuego a fin de repeler ataques con piedras, y sin duda el irracional, innecesario y desproporcionado uso de la fuerza no puede encontrar justificación viniendo de autoridades que reciben un entrenamiento especializado.

Agregó que estos casos han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país, por lo que es fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, así como sobre las políticas y acciones legales emprendidas por el gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral.

En su turno, el senador Armando Ríos Piter pidió a los legisladores no solamente generar exhortos o guardar minutos de silencio, sino asumir la responsabilidad constitucional de proteger a los connacionales, “porque cuando uno ve las cifras sí tiene que preocuparse”.

El legislador perredista precisó que para que los mexicanos sean respetados, se tiene que ir más allá, y al mismo tiempo señaló la existencia de áreas de trabajo compartido entre México y Estados Unidos, a las cuales se les debe pedir cuentas.

A su vez, la senadora Ninfa Salinas Sada, del PVEM, puntualizó que ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando pugna por acciones tendientes al respeto y garantía de los valores universales.

Justificar --dijo-- el exceso de la fuerza y la desproporcionalidad de la respuesta bajo el pretexto de combatir a un enemigo, es legitimar acciones represoras, autoritarias y abusivas, por lo que es preciso evaluar los instrumentos existentes, realizar las acciones para prevenir estos crímenes y terminar con los abusos.

Por el Partido del Trabajo, la senadora Ana Gabriela Guevara destacó la conveniencia de que las comisiones que convergen en el tema realicen un planteamiento serio acerca de lo que está sucediendo en la frontera con Estados Unidos.

Además, “como nativa de Nogales, Sonora”, expresó que han sido muchos los decesos de mujeres, niños y  hombres en su intento de cruzar la frontera y otros de este lado, en  nuestro propio país.

El senador panista Ernesto Ruffo Appel, titular de la Comisión de la Frontera Norte, se pronunció por una reunión conjunta con las comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y de Migración para construir una propuesta adicional que lleve a una relación mucho más constructiva con el vecino del norte.

Finalmente, el senador Jorge Luis Preciado, también de Acción Nacional,  recalcó que más allá de abordar este suceso en comisiones, se deben revisar los tratados de extradición con Estados Unidos.

Al respecto, exhortó a los senadores a ir por una reforma de fondo en esta materia, para que la próxima vez que algún agente dispare a un mexicano dentro de esta frontera, sepa que puede ser extraditado y juzgado por las  leyes mexicanas.

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