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Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que encabeza el senador priista Ernesto Gándara Camou, intercambiaron puntos de vista con abogados y académicos sobre los alcances del proyecto de decreto que en materia laboral envió la Cámara de Diputados.
En opinión de Tomás Natividad Sánchez, ya son 81 años sin que la estructura y bases de la ley se hayan modificado --salvo para actualizar y adicionar derechos básicos-- y “se ha mantenido inflexible a los cambios que ha tenido la sociedad y el mundo, así como rígida y parcial en todos sus aspectos y cada vez con más cargas administrativas para las empresas”.
El especialista en derecho laboral aseveró que es “inaplazable” modernizar dicha legislación “no porque nos lo exijan los tratados de libre comercio”, sino porque necesitamos incrementar el empleo formal, mejorar la remuneración del salario y “sobre todo crear la seguridad jurídica que requiere la inversión productiva nacional y extranjera”.
Aseguró que la ley vigente “ha creado un sindicalismo fuerte y poderoso” y “propiciado abusos y privilegios que han permitido figuras ilegales que operan en el sistema de las juntas para la conciliación y arbitraje y que han convertido la justicia laboral en un negocio de abogados”.
Por su parte, el abogado Arturo Alcalde Justiniani señaló que todos los organismos especializados coinciden “en que no se puede afirmar seriamente, con datos, que esta iniciativa generará empleos y mejorará las condiciones de trabajo”.
Precisó que lo que se requiere es transformar el modelo de justicia laboral, a fin de contar con árbitros confiables y neutrales, pero “eso no se tocó”, como tampoco se pretende cambiar el sistema de contratación colectiva, que es fundamental para evitar la simulación en la que el empresario “pone al sindicato de su preferencia”.
Advirtió que esto ocasionará “más despidos injustificados, inseguridad y un daño gravísimo, sobre todo a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que están agobiados con salarios bajos y renuncias en blanco”.
Por la Escuela Libre de Derecho, Álvaro Altamirano expresó que “México y el mundo esperan que se apruebe” la reforma antes del 30 de octubre, pues otorgará mayor certeza a inversionistas nacionales y extranjeros.
Manifestó que con la minuta se estable un regulación clara, concreta y especifica de las empresas outsourcing, que actualmente se encuentran en “una línea gris entre el fraude, la ley y lo legalmente autorizado.
El especialista también expresó su preocupación de que el proyecto de decreto sea devuelto a la colegisladora y pierda su carácter de iniciativa preferente.
En su turno, Ciro Murayama, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, consideró que la iniciativa “parte de premisas equivocadas”, porque el mercado laboral no es rígido y existe facilidad para el despido y la contratación, y tan sólo en octubre de 2008, cuando estalló la crisis, “destruimos una de cada siete plazas formales en siete meses, pero en 2010 ya se habían recuperado”.
Resaltó que la propuesta es limitada, ya que el trabajo es un tema central que toca al corazón del Estado y el pacto social, “pero las relaciones laborales no se han modificado por el tránsito político ni por el cambio económico y siguen siendo las mismas desde hace décadas”.
Además, manifestó, no afecta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a pesar de que el sueldo hoy representa el 30 por ciento de lo que era hace 30 años” y el pago por unidad de tiempo que se propone “lo único que provocará es reconocer en la ley la inconstitucionalidad del salario mínimo vigente”.
En su intervención Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, pidió a los senadores cuidar la técnica legislativa y evitar que hagamos reformas fast track que no se puedan cumplir o generen una cantidad enorme de conflictos.
Señaló que en todos los países que modificaron su marco legal para flexibilizar la contratación y el despido en lugar de generar empleo formal, protegido y estable lo único que se logró fue “precarizar” más el trabajo.
A su vez, Claudia Regil, de la organización Un millón de jóvenes por México, se pronunció a favor de la reforma porque “responde a las necesidades de nuestro país” y sienta las bases para la construcción de políticas públicas que beneficiarán a jóvenes y mujeres.
“Estamos a favor de los diferentes tipos de contrato” que se plantean, precisó, porque apoyaría a los estudiantes que necesitan trabajar para pagar su educación.
En tanto, el senador priista Armando Neyra Chávez aseveró que el sector obrero aceptó los cambios porque “se nos iba a respetar la autonomía sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga”.
Reconoció que después de escuchar a los especialistas, existe la percepción de que la propuesta “tiene un vicio de origen”, pues el Ejecutivo federal la presentó para crear plazas e impulsar el crecimiento económico.
A nombre de Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón advirtió que después de debatir la reforma “tantos años” parecería que no hemos terminado de asimilar que estamos en un contexto global de competitividad y “estamos llegando a enquistar la discusión en perjuicio del mercado laboral y la cultura del trabajo decente”.
Consideró que la flexibilidad existe en la economía informal, en la precariedad, en la incertidumbre jurídica, sin seguridad social y sin un futuro promisorio para nadie y el problema que tenemos es que nuestra legislación no fomenta más contrataciones, particularmente para jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Por el PRD, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno reiteró que sí es indispensable generar empleos con mejores salarios, pero “lamentablemente no vemos que esta iniciativa de ninguna manera cubrirá esa expectativa”.
Dijo que el documento tiene la intención de apostarle a la flexibilidad laboral en la contratación y el despido para impulsar la competitividad de las empresas pero no por medio de la productividad sino con el “abaratamiento de la mano de obra”.
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