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El senador panista José Rosas Aispuro Torres presentó una iniciativa para acotar el fuero constitucional y que los servidores públicos puedan ser procesados y sancionados penalmente como cualquier ciudadano.
Se trata, precisó, de reformar la Constitución para proceder penalmente en contra de los funcionarios sin que se requiera la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando incurran en delitos graves o los cometan en flagrancia.
En la tribuna, el legislador expresó que los ciudadanos identifican al fuero como “un abuso y prerrogativa innecesaria que se ha prestado para que los servidores públicos cometan abusos y, en el menor de los casos, omisiones contra la sociedad”.
Advirtió que la inmunidad constitucional “ha dado margen a la corrupción en muchas entidades”, donde servidores públicos que han dañado a la sociedad, no sólo cometiendo ilícitos con el manejo de los recursos sino aliándose a veces hasta con los grupos delictivos, se amparan en el fuero para seguir su cargo.
Rosas Aispuro expuso que en un sistema jurídico-político realmente republicano no existe necesidad de que los altos funcionarios gocen de inmunidad, “menos aún cuando ésta, por la compleja aplicación de la Ley, conlleve frecuentemente a la impunidad”.
Con la finalidad de garantizar un equilibrio de poderes públicos en un régimen democrático, dijo, se requiere que se deje de utilizar esta figura para intereses personales y que los beneficiarios de ella puedan ser sancionados como cualquier ciudadano.
Reiteró que el fuero es “un privilegio” que se encuentra implícito en determinados cargos públicos a favor de sus respectivos titulares, en cuya virtud no pueden ser sujetos a proceso penal, bajo pretexto de haber incurrido en responsabilidad, sin antes haber obtenido de la colegisladora la correspondiente declaración de haber lugar a formación de causa.
“La brecha de desconfianza entre sociedad y gobierno”, enfatizó, tiende a profundizarse en la medida que se niegan los principios de igualdad y transparencia, al otorgarse a ciertos actores un trato privilegiado y discrecional que otros no tienen.
La propuesta se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
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