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El Partido de la Revolución Democrática presentó este jueves un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal ordene la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que realiza la empresa New Gold-Minera San Xavier, en el Municipio Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Asimismo, le solicitó revisar de las concesiones otorgadas y suspender nuevas concesiones mineras de explotación a cielo abierto en todo el país, hasta en tanto los poderes Ejecutivo y Legislativo efectúen una evaluación profunda e informada de la viabilidad de la actividad industrial para garantizar el desarrollo sustentable del país.

Desde la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza señaló que el acuerdo incluye un llamado al gobernador Fernando Toranzo Fernández, para que reciba en audiencia a los miembros del Frente Amplio Opositor y su equipo jurídico, y a un grupo de senadores, a fin de restablecer el Estado de derecho y el resarcir los daños ecológicos en el Valle de San Luis.

Adicionalmente, dijo, se le solicita al Ejecutivo estatal y al Ayuntamiento Constitucional del Municipio Cerro de San Pedro, cumplan con lo determinado por la declaración de nulidad.

A la Junta de Coordinación Política del Congreso le pidió la constitución de una Comisión Especial que revise la legislación en materia minera y ambiental, asociada a la industria extractiva, y dé seguimiento particular y puntual al proceso jurídico, político, ambiental y de violación a los derechos humanos relacionado con la empresa canadiense.

Para ello, la legisladora perredista propuso que la Comisión tenga como ejes prioritarios la prevención de ecocidios y la protección del patrimonio ambiental, cultural e histórico de la Nación.

El Cerro de San Pedro, dijo, es un símbolo de tradición de potencia minera plasmado en el Escudo de Armas de San Luis Potosí, el lugar fundacional de la ciudad en 1592, y sin embargo, ya no existe, desapareció.

La avaricia sin límites por el oro y la plata, y la corrupción y complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno, han permitido su destrucción mayor, pese a los triunfos jurídicos de los defensores del medio ambiente y del patrimonio histórico y cultural de aquella entidad, subrayó.

Agregó que las denuncias de corrupción, tráfico de influencias, delitos contra el medio ambiente y el patrimonio histórico, así como las de acoso y violencia contra opositores al proyecto minero, no han sido atendidas por las autoridades federales y estatales, a pesar de las abundantes evidencias e indicios de delitos graves cometidos alrededor de este caso.

Los resolutivos del punto de acuerdo serán turnados a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, así como a la Junta de Coordinación Política.

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