Número-497

  • Senador Cruz Pérez Cuellar pide que Gobierno de Chihuahua cumpla con el convenio para atender y reubicar familias afectadas.

Vecinos del fraccionamiento “Rinconada Los Nogales”, en la ciudad de Chihuahua, han estado expuestos por varios años a los efectos de un suelo contaminado de plomo, arsénico, cadmio, zinc, cobalto 40 y mercurio, denunció el senador Cruz Pérez Cuellar.

El legislador por el Grupo Parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo que busca exhortar al Gobernador del estado a cumplir con el convenio para atender, evacuar y reubicar a las familias de la unidad habitacional afectadas.

Recordó que en 2004 se construyó el fraccionamiento, con centenares de casas de interés social, en las que viven niños, mujeres y ancianos, a espaldas de la antigua Fundidora Ávalos, cuyos terrenos de la empresa y los circundantes están contaminados por dichos metales pesados.

Hace cuatro años, destacó, la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua realizó análisis de sangre a 119 niños de entre 4 y 12 años de edad que asisten a centros educativos que se ubican en la periferia del fraccionamiento, y se demostró que hay niños que alcanzaron hasta 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre.

Además, este estudio indicó que 76 por ciento de los menores tienen niveles de plomo en su sangre superiores a los permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000.

Pérez Cuellar agregó que, en noviembre del 2014, la misma Comisión realizó otro estudio de impacto ambiental en dicho fraccionamiento, para analizar de muestras de agua de tinacos, en las que se reveló la presencia de plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40 en niveles muy por encima de lo permisible.

Derivado de estos acontecimientos, el 6 de noviembre de 2015 el Gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría General de Gobierno y las Asociaciones Civiles que representan a los vecinos del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales”, firmaron un Convenio de Concertación Tripartita.

El objeto del acuerdo es fijar los mecanismos para proveer el pago de 41 viviendas, brindar atención integral en materia de salud, facilitar apoyo legal en el caso de indemnizaciones por secuelas de la contaminación y entregar viviendas en comodato, entre otras.

Sin embrago, éste no ha sido cumplido, ya que sólo unas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas muy pequeñas e indignas, advirtió. La propuesta se envió a la Comisión de Derechos Humanos.

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