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El senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo propuso crear la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, a fin de alcanzar el acceso universal de este líquido y permitir la participación del sector privado en la prestación de este servicio.

Paralelamente, dijo, se busca descentralizar este servicio y otorgar a los gobiernos estatales la autoridad para regular su prestación y el saneamiento del agua.

Explicó que su iniciativa incluye la creación del Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que tendrá como objetivo formular y proponer criterios y lineamientos de carácter técnico-normativo que den congruencia a las acciones de los gobiernos estatales y municipales.

Además --agregó-- ayudará en el establecimiento de criterios de los servicios de agua potable, saneamiento, sistemas de costos, tarifas y subsidios.

El legislador explicó que de aprobarse la propuesta los estados podrán concesionar “total o parcialmente” los servicios de extracción, conducción, potabilización, suministro, medición, facturación, cobro y distribución o transporte de agua potable.

En este sentido, mencionó que “la participación de la iniciativa privada no se dará nunca como una aportación social y gratuita de la misma, sino en la búsqueda de un legítimo beneficio a la luz de garantías de certeza jurídica en las inversiones a largo plazo”.

Su participación --aclaró-- puede aportar servicios de costo menor, una vez que la inversión de capital se dé en condiciones que minimicen el factor de riesgo derivado de la necesidad de garantizar la recuperación y utilidad legítima de las mismas.

Por otro lado, expuso que se plantea un nuevo marco regulatorio que permita a los municipios prestar servicios de uso o aprovechamiento de agua, a fin de ofrecer “un verdadero beneficio a la población”.
 
Lo anterior, precisó, se daría a través de organismos operadores y la implementación de lineamientos de planeación e inversión a largo plazo para una operación sana y sostenible.
 
Consideró que con la nueva ley se crean las condiciones necesarias para cumplir con la obligación que el Estado tiene para garantizar sistemáticamente el acceso al agua potable, especialmente en las zonas rurales y urbanas marginadas.
 
Demédicis Hidalgo manifestó que en México el servicio de agua potable “continúa siendo un lujo y en algunos casos uno lejano, aún y cuando desde el ámbito internacional ya ha sido concebido como derecho humano”.

Aunado a ello, subrayó, nueve millones de personas, es decir  casi 9 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable y más de tres millones de viviendas en zonas rurales no cuentan con agua entubada, a pesar de recibir lluvias abundantes.

Hizo notar que la falta de un marco normativo general ha provocado restricciones en esquemas financieros de participación pública y privada en la prestación de este servicio, lo que repercute negativamente en el ciudadano.
 
Por ello, destacó la urgencia de contar con un nuevo instrumento jurídico permitirá una política pública que atienda los servicios y sistemas de agua potable o saneamiento en beneficio de todos los mexicanos.

La iniciativa se remitió a las comisiones de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación correspondiente.
 

 

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