Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

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altEl senador perredista Raúl Morón Orozco exhortó a los integrantes de la Cámara de Diputados a dictaminar, bajo el proceso legislativo ordinario, la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón que reforma la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior, en virtud de que aún no se emiten las disposiciones reglamentarias a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio de la reforma política aprobada por el Congreso, específicamente en lo relativo al procedimiento establecido por el artículo 71 Constitucional en materia de iniciativas preferentes.

El legislador insistió en que la iniciativa preferente que remite el ejecutivo a diputados debe ser dictaminada, bajo el proceso legislativo ordinario, “más aÚn porque se trata de una acción premeditada, alevosa e inconstitucional del presidente Calderón que evidentemente representa un albazo político y un claro atentado contra los derechos humanos y laborales”.

En su opinión, ello debe obligar a que ambas cámaras se constituya una Comisión Especial que se aboque al estudio de constitucionalidad de la iniciativa y en su caso, se dictamine su improcedencia por evidente inconstitucionalidad en relación con el contenido del artículo 123 Constitucional. Ubre

“Somos ya muchos en todo el país –dijo-- los que coincidimos que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo contribuirá al subempleo, a la inestabilidad laboral, a la reducción de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, a la precarización del trabajo, al incremento de la subcontratación a través del outsourcing y a la limitación de oportunidades para los jóvenes.

Expuso que la reforma a la Ley federal del Trabajo propone, entre otras cosas, el establecimiento de los contratos a prueba y de capacitación inicial que más bien representan la autorización legal para la contratación eventual y para el despido sin responsabilidad jurídica y económica alguna, si los resultados del trabajo no satisfacen las expectativas del patrón.

También plantea un tope máximo de 12 meses para el pago de los salarios caídos, autoriza la contratación por horas, establece limitaciones del derecho de lactancia de las madres trabajadoras y plantea limitaciones a los derechos de sindicalización.

Pero sobre todo, aclaró, introduce un elemento de parcialidad al derecho de la huelga de los sindicatos al permitir que sea la Junta de Conciliación y Arbitraje y no las partes, las que concluyan una resolución, laudo o movimiento huelguístico si el conflicto se prolonga más de 60 días sin que haya una solución conciliatoria.

Estimó que la iniciativa debe someterse a discusión y votación, a fin de no permitir la violación de los derechos laborales y garantías sociales, en un esfuerzo por ajustar la legislación a las disposiciones constitucionales y estándares internacionales de protección de los derechos humanos de los trabajadores.

El punto de acuerdo será turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

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