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El Senado de la República aprobó, con cambios, la reforma propuesta por el Ejecutivo federal a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de transparentar y armonizar la información financiera en los tres órdenes de gobierno.

Los senadores avalaron en lo general con 104 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones el dictamen a la iniciativa que el presidente de la República envió el primero de septiembre con carácter de preferente.

Entre las modificaciones relevantes, los senadores establecieron de dos a siete años de prisión y una multa de mil a quinientos días de salario mínimo, a quien cause daño a la hacienda o al patrimonio público.

De igual forma, podrán ser sancionadas aquellas personas que alteren dolosamente documentos o registros que integran la contabilidad o que falseen u oculten datos que desvirtúe la veracidad de la información financiera.

Además, incorporaron en la ley la obligación de dar a conocer la deuda pública y todos aquellos compromisos financieros o pasivos como fondos de pensiones, obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas, ingresos fiscales comprometidos, bursatilizaciones, proveedores, acreedores y todo tipo de instrumentos que impliquen al patrimonio público.

Lo anterior --explicaron los legisladores-- permitirá cerrar espacios a la corrupción y a desvíos de recursos de la nación, además de permitir a los órganos fiscalizadores conocer información financiera fidedigna sobre el uso del presupuesto, a fin de inhibir y sancionar las prácticas indebidas.

Asimismo, se dará paso a la ciudadanía para que conozca el nivel de salud de las haciendas públicas e involucrarse a “mayor profundidad” con sus gobiernos para demandar más y mejores resultados.

También, se faculta al Consejo Nacional de Armonización Contable para que determine los formatos y estructuras de información en los que se publicarán los reportes financieros, presupuestarios y contables de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido, se acordó que el auditor Superior de la Federación sea invitado a las sesiones de dicho Consejo, con la finalidad de que emita opiniones en la elaboración de esos formatos y lineamientos.

Dejaron en claro que para complementar la información que debe incluirse en las cuentas públicas, lo entes financieros de los estados y municipios deberán agregar una relación de los bienes que componen su patrimonio, es decir vehículos, terrenos, edificios, obras artísticas, “ya que es un tema sensible de opacidad”.

De igual manera, tendrán que reportar los ingresos extraordinarios, montos de adecuaciones presupuestarias, subejercicios, esquemas bursátiles y coberturas financieras.

Por otro lado, los legisladores incluyeron en el texto de la ley la obligación de dar a conocer en la cuenta pública los registros bancarios en donde se depositarán los recursos federales transferidos.

Además, se eliminó la prohibición de hacer traspasos entre cuentas, convenios, programas y cualquier instrumento por medio del cual se asignen fondos federales.

Posteriormente, en la discusión en lo particular los senadores avalaron con 87 votos en pro, 18 en contra y una abstención, el artículo 69 de la Ley, que había sido reservado por la senadora perredista Dolores Padierna Luna para modificarlo, sin embargo su propuesta fue rechazada por el pleno.

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, la senadora Blanca Alcalá Ruiz manifestó que la reforma representa uno de los instrumentos legales más importantes para normar y transparentar el ejercicio de la administración pública.
Subrayó que así se cierran espacios a la corrupción y al desvío de los recursos, ya que permite a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre su aplicación y sanciona las prácticas indebidas.
Además, acotó, establece mecanismos accesibles para que la sociedad cuente con información que le permita involucrarse con mayor profundidad con sus gobiernos y demandar mejores resultados.
Por Acción Nacional, el senador Salvador Vega Casillas expresó que los ciudadanos exigen rendición de cuentas y por eso se busca que conozcan con toda claridad y detalle la información financiera de la Federación, estados, municipios y de los organismos que dependen de ellos.
Mencionó que “la transparencia no es la panacea para el combate a la corrupción”, pero es la mejor herramienta que tenemos para detectarla y combatirla.
Resaltó que una vez promulgado el decreto todo pasivo en los tres órdenes de gobierno deberá difundirse y no podrá imponerse el secreto bancario o fiduciario, por lo que se podrá prevenir el sobrendeudamiento público.
Por su parte, el senador Armando Ríos Piter expresó que el PRD siempre ha estado a favor de la transparencia, pero la reforma “no es la panacea” y pareciera ser que se quiso colocar en el debate público como “una suerte de bala de plata” para evitar la corrupción que impera en todos los órdenes de gobierno.
Reconoció que el dictamen presenta avances como la obligación de hacer públicos los padrones de beneficiarios de los programas sociales, pues ayudará a que “no sean los cuates del gobernador o del presidente municipal los que reciban los beneficios que de manera universal se otorgan a la ciudadanía”.
Sin embargo, destacó la necesidad de regular la contratación de deuda pública para evitar que se comprometa el futuro de las nuevas generaciones en las entidades y facultar a la Auditoría Superior de la Federación para sancionar a los funcionarios que permiten la corrupción.
A nombre del PVEM, el senador Luis Armando Melgar Bravo calificó de histórica y relevante la reforma, porque la rendición de cuentas y la transparencia son herramientas indispensables para la democracia.
Afirmó que los ingresos de las entidades dependen en un alto porcentaje de las transferencias y aportaciones federales, pero se requiere fortalecer el marco jurídico con el fin de promover los mecanismos para una mayor transparencia.
En esta materia, resaltó, México ocupa el lugar 100 de una lista de 182 países, por niveles muy por debajo de países como Chile, Uruguay y Cuba que ocupan los sitios 16, 22 y 61, según los reportes de Transparencia Internacional.
En tanto, el senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, dio a conocer su desacuerdo con el procedimiento --“que no el contenido”-- para dictaminar la iniciativa, por lo que anunció su voto en contra.
Previamente, la senadora Dolores Padierna Luna presentó una moción suspensiva para que el dictamen se regresara a las comisiones para su reconsideración, porque no se reglamentó el procedimiento para el trámite preferente de las iniciativas, pero su solicitud fue rechazada por el pleno.

El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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