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La senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, propuso al Congreso de la Unión hacer un análisis comparado y “ponderar” los alcances de la reforma laboral, que con carácter de preferente, envió el Ejecutivo federal el primero de septiembre.
Asimismo, planteó retomar las mesas de diálogo y consulta con actores sociales y políticos, a fin de evaluar la viabilidad y dictaminación en los tiempos establecidos.
En la exposición de motivos de su punto de acuerdo se señala que se trata de una reforma que busca la “equidad y equilibrio de las relaciones laborales, que fortalece la protección de los derechos de los trabajadores y que promueve la generación de empleos formales, mejor pagados, mediante el impulso de la productividad de las empresas”.
Se indica que con esa enmienda habrá “beneficios para 51 millones de personas económicamente activas, entre ellos, nuevos modelos de contratación, por una sola vez e improrrogables, destinados a jóvenes estudiantes y madres trabajadoras”.
Además, se menciona que en un panorama que obliga a la mejora del desempeño del mercado de trabajo para afianzar a México como “una de las grandes economías emergentes”, la actual ley “no genera incentivos para asegurar el incremento de la productividad y la competitividad”.
También, considera que con las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo “el Ejecutivo atiende las conclusiones del G-20 celebrada en junio de 2012, que consideran urgente la necesidad de ofrecer empleo de calidad a los jóvenes”.
Sin embargo, el texto se deja en claro que todo lo anterior no puede llevarse a cabo, y el debido proceso de dictaminación de la iniciativa preferente no podrá cumplirse a cabalidad, sin el diálogo y los consensos pertinentes dentro del Congreso junto con actores sociales y políticos.
La proposición se envió a la Cámara de Diputados.
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