Número-297
- En la última década se han registrado 200 mil ejecuciones, feminicidios, desaparecidos y más de 300 mil personas han sido desplazadas.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, afirmó que los derechos humanos son “una gran prioridad para el Senado de la República”, pues existe una “agenda fuerte” de problemas por resolver en esta materia, derivada de la difícil situación que enfrenta México y que en un balance histórico más amplio excede, incluso, a la actual administración.
Al asistir a la instalación de la Comisión de Derechos Humanos, refirió que en la última década se han registrado alrededor de 200 mil ejecuciones. Y expuso que hay siete feminicidios diarios, 37 mil personas reconocidas como desaparecidas y más de 300 mil desplazados en diversas regiones del país.
Recordó que conforme al artículo 1º de la Constitución todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; además, dijo, en este ordenamiento está incorporado el principio de progresividad, por lo que los derechos humanos no se pueden restringir ni disminuir, sino que sólo se pueden ampliar.
Martí Batres destacó que existen instrumentos internacionales que se tienen que analizar para el ejercicio de las garantías y que los senadores tienen que contribuir para que exista justicia en México.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, aseguró que la Comisión trabajará para dar voz a quien no la tiene, seremos compañeros y compañeras en las causas de las víctimas y buscaremos lograr acuerdos en tiempos de desacuerdos.
La legisladora del PAN, agregó que se revisarán y perfeccionarán ordenamientos, se buscará presupuesto, y se dará un debate e intercambio de ideas profundo, de respeto y transparente. Se pondrá especial énfasis en la atención a las víctimas, y en el análisis y reforzamiento de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, añadió.
Dijo que la diversidad de visiones será la clave para legislar en beneficio de todas y todos los mexicanos, y puntualizó que las oficinas de la Comisión siempre estarán abiertas y se contará con el Consejo Consultivo Ciudadano para acompañar el análisis y discusión de los temas que abordaremos.
Del Grupo Parlamentario de Morena, la senadora integrante de la Comisión y secretaria de la Mesa Directiva, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, subrayó que es fundamental para el Senado colaborar en el proceso nacional de paz, a pesar de su complejidad.
Al destacar la voluntad de las fuerzas políticas del Senado, la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, de la misma bancada, subrayó que el Estado Mexicano no debe violentar los derechos de ninguna persona en el país. No podemos normalizar la barbarie ni la violencia que viene del mismo Estado, precisó y dijo que al no reconocer que el gran estorbo para la justicia es la impunidad y la vinculación de algunas autoridades, se caerá solo en discursos.
La senadora Leonor Noyola Cervantes ofreció el apoyo de la Comisión de Asuntos Indígenas que preside, para que los derechos universales sean aplicados en todas las materias, en la búsqueda del mejoramiento de los derechos humanos.
El senador Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, se pronunció por fortalecer los tratados internacionales de derechos humanos y porque se revisen los derechos humanos del propio Senado, para que se traduzcan en derechos laborales para todos los trabajadores en una verdadera relación de iguales de los senadores.
El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza destacó la urgencia de abrogar la Ley de Seguridad Interior ya que no es la que se requiere para la pacificación del país, agregó que la Fiscalía General debe ser autónoma e independiente, al tiempo que llamó a trabajar por una política de Estado en materia de derechos humanos que atienda las recomendaciones internacionales que se han hecho al país.
La senadora Verónica Delgadillo García, secretaria de la Mesa Directiva, dijo que se debe dejar de regatear los derechos humanos a las y los mexicanos del país. Reconoció que se tiene la oportunidad, porque hay voluntad política, personas con experiencia y un momento histórico que exige sanar las graves deudas, para que se busque la verdad y se encuentre la justicia.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, promovió una agenda en favor de la dignidad de las personas, para favorecer la participación, inclusión y consulta de los actores relevantes, los titulares de derechos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Además, para supervisar la política exterior desde la perspectiva de derechos humanos y servir como caja de resonancia y espacio de deliberación pública sobre los temas de interés colectivo.
Se pronunció por un marco regulatorio sobre el uso de la fuerza de acuerdo con estándares internacionales; por un registro de detención único a nivel nacional que documente la privación de libertad; por revertir el paradigma militar en materia de seguridad en la Ley de Seguridad Interior e instalar una Fiscalía General que asegure la independencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y rendición de cuentas, entre otros.
El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, expuso que se deben sumar esfuerzos para propiciar una cultura de la legalidad, que pase por la debida aplicación de la observancia de la ley y normas coherentes por la defensa y promoción de los derechos humanos.
Recalcó que es indispensable contar con una Fiscalía verdaderamente autónoma, que genere certidumbre y confianza en su desempeño, pues de no ser así, se condena al fracaso cualquier estrategia para abatir la inseguridad, violencia e impunidad. Al mismo tiempo, solicitó una reunión de trabajo con la Comisión y entregó la agenda de derechos humanos de la CNDH en la que se incluyen las normas a revisar o emitir como la Ley de Seguridad Interior, emitir una ley general de desplazamiento forzado y entregó un anteproyecto en materia.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, sostuvo que la próxima administración tendrá que admitir que México es un país de víctimas, de la indolencia del estado y de crisis en los derechos humanos. Para restablecer la confianza en las instituciones del Estado, el Senado debe escuchar a quienes viven en el país, a los Organismos Internacionales, y fortalecer los mecanismos de control del Estado poniendo como bien superior el interés público, argumentó.
Destacó que se necesita un Senado que se dé a conocer por su función de control, por constituirse como un verdadero contrapeso frente al Ejecutivo. Para avanzar en la agenda, se debe abrogar la Ley de Seguridad Interior, eliminar la figura del arraigo y de prisión preventiva oficiosa y flagrancia por señalamiento, así como fortalecer a las instituciones encargadas de la implementación de marcos normativos, e impulsar la política exterior en materia de derechos humanos, que mantenga al país como promovente del diálogo en la esfera internacional.
En la reunión de instalación se dispensó la lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye la Comisión de Derechos Humanos para la LXIV Legislatura, aprobado por el pleno el 25 de septiembre.
Los y las integrantes de la Comisión aprobaron el nombramiento de Gustavo Adolfo Flores Gutiérrez, como secretario técnico de la Comisión, quien ha sido secretario técnico en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa y delegado en la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otros.
Además, se informó que la Secretaría de Servicios Parlamentarios entregó copia de la relación de los asuntos turnados a la Comisión, al tiempo que se comunicó que el Plan de trabajo de la Comisión y el calendario de sesiones se entregará a los integrantes en la próxima sesión.
A la reunión de instalación asistieron las senadoras Martha Lucía Micher Camarena, de Morena; Mauricio Kuri González, Gina Andrea Cruz Blackledge, y Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, así como el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero; el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Eternod; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.
Además, la Presidenta de la CDHDF, Nasheli Ramírez Hernández; las diputadas constituyentes de la Ciudad de México, Claudia Aguilar, Mayela Delgadillo y Lol Kin Castañeda; Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; los presidentes municipales de San Luis Potosí y de Mérida, Javier Nava y Renán Barrera, respectivamente, así como las diputadas federales por Hidalgo y Nuevo León, Gloria Romero y Tania Gómez, respectivamente y la también diputada federal Ángeles Ayala.
Y también, Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”; Eduardo Ramírez, de la UNAM; Dolores Martínez, de la Iniciativa Ahora; Christian Lujano, del PAN Ciudad de México; Yadhira Yvette Tamayo Herrera, suplente en la fórmula de la senadora Kenia López, así como representantes del Movimiento por la Paz; entre otros.
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