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El senador Ángel Benjamín Robles Montoya planteó reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, para aplicar nuevas fórmulas que permitan una distribución más equitativa de los recursos destinados a los municipios, ya que actualmente el Ramo 33 del reglamento, incumple sus objetivos, provocando mayor pobreza y desigualdad.
Argumentó que los viejos parámetros de asignación que tal vez funcionaron en el pasado, hoy en día son obsoletos y como resultado de su ineficacia “encontramos una concentración de los recursos en los municipios más grandes del país y muy poco, o casi nada, en los municipios pequeños y más pobres, con índices de desnutrición y carentes de servicios básicos”.
El legislador perredista aclaró que el pacto federal sustentado en el artículo 115 de la Constitución reconoce al municipio como el nivel de gobierno más cercano a la gente, investido de personalidad jurídica y con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley.
De igual forma, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se integra con los rendimientos de los bienes que les pertenecen, contribuciones y otros ingresos que las legislaturas locales establezcan a su favor.
Sin embargo, manifestó que actualmente existe un claro problema derivado de la centralización en el manejo de estos recursos por parte de las entidades federativas, principalmente y la grave discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos en la repartición del presupuesto.
Añadió que a 12 años de implementarse la asignación de este tipo de recursos, los resultados son adversos: la Federación no ha logrado abatir los rezagos en los municipios de alta marginación, ni los elevados índices de pobreza.
Ante ello, es necesario coadyuvar para que los municipios adquieran mejores participaciones para enfrentar los rezagos en su infraestructura técnica y de desarrollo social, y poner fin a la indiferencia que muestran el Gobierno federal y las entidades federativas, factores que provocan la existencia de cientos de localidades que no perciben una partida decorosa.
Por todo lo anterior, Robles Montoya destacó que se trata de que los estados distribuyan entre los municipios los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal con una nueva fórmula que enfatice el carácter redistributivo de las aportaciones hacia aquellos con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema.
La iniciativa, que reforma el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, será turnada a Comisiones Unidas y Estudios Legislativos.
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