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La senadora Dolores Padierna Luna propuso establecer en la Constitución la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación superior.
De aprobarse la iniciativa que presentó este martes, dicho proceso se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2013-2014 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en 2034-2035.
Explicó que para estar a la altura de la demanda de los espacios en la educación superior y responder a los retos de la sociedad del conocimiento y el contexto económico, se deben realizar esfuerzos adicionales como la ampliación de la matrícula, crear nuevos centros de estudio integrales, y mejorar la utilización de las tecnologías de la información en la educación.
Al presentar su propuesta, enfatizó que en México debe verse el acceso a una institución de educación superior como el derecho de todo mexicano a conocer, formarse, proponer y tener mejores oportunidades para la vida.
La educación superior contribuye al desarrollo de un país pues incide positivamente en los ámbitos culturales, sociales, políticos y económicos, agregó.
Sin embargo, “estamos muy lejos de lograr el objetivo de garantizar este derecho a millones de jóvenes y por lo tanto estamos negándoles la posibilidad de acceder a una vida mejor y perdiendo los beneficios que podría traer para el desarrollo del país”, recalcó la legisladora.
En México --citó-- sólo cinco de cada 100 jóvenes del decil más bajo de ingreso tiene acceso a la educación superior, en contraste con 60 de cada 100 en el decil de mayores ingresos”.
En la UNAM, reconoció, logran ingresar uno de cada 10 aspirantes y en este último proceso de admisión se ha estimado que hasta 190 mil jóvenes fueron rechazados por las universidades públicas del país.
Por ello, el principal reto del aumento de la cobertura recaerá en el sector público, pues se estima que dos terceras partes de los nuevos estudiantes de educación superior se incorporarán a una institución pública.
Finalmente, destacó la necesidad de realizar un gran esfuerzo y partir de una política de educación superior con visión de Estado cuyo objetivo deberá ser situarla como parte central del desarrollo del país, finalizó.
La iniciativa que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
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