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alt• Sólo uno de cada cuatro policías son aptos para tareas de seguridad: Poiré.

• La PF evolucionó de manera “significativa y sin precedentes”: García Luna.

• Se ha certificado al 70 por ciento del personal de la PGR: Morales.

Los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré Romero y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como la procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, comparecieron este jueves ante senadores para dar cuenta del estado que guarda la política interior.

Al inicio de la reunión, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, les recordó que su presencia se debía a una obligación constitucional relacionada con el análisis del Sexto Informe de Gobierno, por lo que se encontraban bajo protesta de decir verdad.

En su exposición inicial, Poiré Romero, dio a conocer que sólo uno de cada cuatro policías del orden municipal y estatal ha sido declarado apto para realizar tareas de seguridad.

Indicó que a la fecha existen 26 centros de Evaluación y Control de Confianza en 22 entidades federativas y faltan 10 más por ser certificados.

Reconoció el retraso en la publicación del reglamento de la Ley de Migración, sin embargo éste “será publicado a más tardar la próxima semana” e incluirá observaciones de legisladores y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como del comisionado de Naciones Unidas para los refugiados.

El titular de Gobernación hizo notar que desde el inicio de este sexenio “quedó claro que el Estado mexicano tenía que trabajar en uno de los mayores desafíos que nos haya tocado vivir en los últimos tiempos: la inseguridad y la amenaza del crimen sobre nuestra sociedad”.

Por ello, explicó, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad y se impulsó la participación de los gobiernos de los estados y del Distritito Federal para crear el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad, en agosto de 2008.

De igual manera, dijo que ante las demandas de “los ciudadanos en diversas partes del país y a petición expresa de sus autoridades locales, las fuerzas federales han apoyado con determinación, sacrifico y entrega las tareas de contener la criminalidad en diversas entidades federativas”.

Ante ese panorama, el funcionario federal subrayó que se han tomado medidas para garantizar que las fuerzas federales, que realizan labores subsidiarias en materia de seguridad, lo hagan en estricta observancia a la ley para dar certeza a los mexicanos de que sus derechos serán plenamente respetados.

En materia de procuración e impartición de justica, Alejandro Poiré señaló que el gobierno federal ha destinado más de mil 100 millones de pesos a los estados para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

A su vez, García Luna expuso que en la actualidad existen 238 mil 269 internos tanto del fuero común como del federal en 419 centros penitenciarios en el país.

Precisó que de ese total, 187 mil 856 pertenecen al fuero común y de ellos el 61.81 por ciento han sido sentenciados.

En cuanto a los internos del fuero federal, el secretario de Seguridad Pública menciono que éstos son 50 mil 413, de los cuales sólo el 48.89 por ciento han sido sentenciados.

Destacó que la Policía Federal tuvo una “evolución significativa y sin precedentes” en este sexenio  al pasar de seis mil elementos a 36 mil  940, de los cuales casi 9 mil son jóvenes universitarios con capacidades de investigación, análisis, inteligencia y operación.

Asimismo, explicó que la secretaría a su cargo tiene la capacidad de realizar más de 80 mil exámenes anuales de control de confianza,  lo que es un gran respaldo para evitar la corrupción.

Añadió que en la actual administración se realizaron 330 mil exámenes de control de confianza.

En cuanto a Plataforma México Genaro García Luna comentó que éste cuenta con más de 505 millones de registros criminales y medio millón de fichas criminales cargadas, lo que permite la recolección de información táctica relativa a personas, domicilios, cuentas bancarias, teléfonos, vehículos, armas.

Además, señaló, establece criterios y modelos de operación, con el fin de realizar un análisis detallado de información bajo “un ciclo de inteligencia”.

En su turno, Morales Ibáñez expuso que de abril de 2011 a agosto de 2012 se han realizado 17 mil 851 evaluaciones de control de confianza y se ha certificado el 70 por ciento de la plantilla activa de los servidores públicos de la PGR, “quedando pendientes de certificar sólo a 3 mil 227 elementos”.

Reconoció que a 112 años de existencia la PGR “ha estado sometida a un proceso de desgaste que le ha hecho perder eficacia ante las complejas realidades que se deben atender en nuestro país”.

Explicó que entre los factores de desgaste se encuentran el presupuesto limitado, la falta desconfianza y credibilidad de la sociedad, la aplicación parcial de pruebas de confianza, perfiles inadecuados en el personal, la corrupción e ineficiencia de los servidores públicos y los sistemas informáticos obsoletos y desarticulados.

Por ello, dijo, se comenzó a trabajar al interior de la institución para depurarla,  fortalecerla y mejorar los procesos de selección y verificación de antecedentes de los candidatos a ingresar.

En este sentido, la procuradora informó que se han emitido 36 nombramientos de nuevos delegados, 42 sub delegados y 49 jefes regionales de la policía federal ministerial.

Aunado a ello, mencionó, en año y medio la Visitaduría General ha consignado a 288 servidores públicos por diversos delitos, mientras que en el marco de la depuración institucional se han presentado más de mil 100 quejas al Consejo de Profesionalización por resultado de no aprobado en los exámenes de control de confianza.
 
De igual manera, Marisela Morales externó que han sido separados de la institución más de 723 servidores públicos, y 49 jefes regionales de la policía federal ministerial fueron removidos.

Admitió que la delincuencia organizada en sus diversas expresiones y con su halo de violencia, impunidad y corrupción “afecta gravemente  a la sociedad, por lo que en el ámbito de procuración de justica se han implementado acciones firmes y decididas para revertir esta tendencia”.

Acto seguido se dio paso a dos rondas de preguntas y comentarios donde senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, plantearon sus interrogantes a los tres funcionarios.

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