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altEl Senado solicitó a las secretarías del Trabajo, de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda, así como al juez del concurso mercantil y al conciliador designado que atienden el conflicto de Mexicana de Aviación, que informen acerca de las acciones y avances en ese problema e indiquen la situación que guarda la empresa controladora Grupo Aeronáutico S.A de C.V.

Asimismo, pidió a las comisiones de Comunicaciones y de Trabajo crear un grupo de trabajo especial que cuente con la participación de los actores interesados, a fin de dar seguimiento al conflicto de Mexicana y proponga iniciativas de inmediata solución a ese problema.

En el punto de acuerdo aprobado forma urgente se señala que la suspensión de actividades de Mexicana de Aviación generó serias afectaciones no sólo a los más de 8 mil 500 trabajadores que perdieron su empleo, sino también a la rama de la actividad aeronáutica comercial y a la economía nacional.

Se menciona que según la Dirección General de Aeronáutica Civil el mercado se ha visto afectado con la disminución de más de un millón pasajeros, además de que aumentaron las tarifas de vuelo en 40 por ciento.

De igual manera -- se agrega en el texto-- la reducción de la participación de las aerolíneas nacionales ha venido decreciendo en comparación con el crecimiento de líneas aéreas extranjeras en el mercado internacional.

Al presentar el punto de acuerdo, la senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno expresó que desde hace más de 2 años la escasa atención de la autoridad aeronáutica sobre la situación que ha privado en Mexicana de Aviación confirma la falta de una política en la materia que atienda en su justa dimensión al sector.

“Durante este tiempo, la situación jurídica y financiera de la empresa, así como las condiciones de vida de los trabajadores inactivos se ha ido agravando, lo que derivó en un detrimento hacia los consumidores del transporte aéreo”, enfatizó. 
 
Informó que la deuda de esa compañía aérea es de 17 mil millones de pesos, con 26 mil acreedores, mientras que los dos grupos de accionistas que cuentan con el aval del gobierno federal para concretar la compra de la aerolínea, no han entregado el capital necesario para iniciar las operaciones.
 
Aunado a ello, dijo que las acciones emprendidas por el gobierno federal, a fin de hacer coincidir los intereses de las partes por medio de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes han sido insuficientes para poder asegurar la inversión de capitales y por ende la conformidad de todos los actores.

Por ello, consideró necesario que el Senado sea informado sobre la situación que guarda el caso y contar con una instancia legislativa que favorezca un seguimiento efectivo del conflicto para contribuir a su solución.

En tanto, el senador priista David Penchyna Grub expresó que si “el modelo de negocios” que la Secretaría de Comunicaciones pretende aplicar en este caso no funciona, “no seamos mediocres y tengamos la visión de crear el espacio para que México tenga más oferta para su conectividad”.

“Hay deudas laborales, financieras y fiscales pero sobre todo hay una deuda con el país por no tener una oferta adecuada en un México que necesita mayor conectividad y diversificar las opciones para favorecer al consumidor”, puntualizó.

En este sentido, externó que además de perder más de 8 mil 500 empleos se cercena la capacidad de crecimiento del país, por lo que es necesario encontrar una solución a este problema que aqueja a todo México”

Por su parte, el senador panista Raúl García Guzmán acusó al conciliador de este caso de conducirse “con falta de transparencia, ya que los informes que se han presentado carecen de contenido sobre el estado que guarda la empresa”.

“No ha cumplido con su obligación de remitir a la Dirección de Aeronáutica Civil los estados financieros auditados de 2010 y 2011, además de que al inicio del concurso mercantil se reportaron 473 millones de pesos en fideicomisos y cuentas sin que a la fecha se haya informado sobre los balances de éstos”, manifestó.

Asimismo, recalcó, “no ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades y así lo considera el Ejecutivo federal quien solicito al juez que lleva el asunto que removiera al conciliador pero determinó no hacer caso y decidió mantenerlo”. 

A su vez, el senador perredista Raúl Morón Orozco comentó que la modernización de la aviación mexicana, bajo el contexto de privatización, ha sido un “desastre”, pues en los últimos 12 años se registraron más de diez aerolíneas quebrantadas o con suspensión de operaciones.

Esa --dijo-- es la consecuencia estructural de fondo que tiene que ver con la política de privatización de empresas públicas, a partir de un modelo económico que no responde a las expectativas del país.

Recordó que en los últimos 30 años se privatizaron más de mil empresas paraestatales y en este proceso el gobierno federal no cuidó la viabilidad financiera de los inversionistas, la factibilidad de la continuación y calidad del servicio ni la estabilidad de los trabajadores.

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