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El objetivo de la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón, que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es “que no haya un solo peso gastado, cuya explicación sea insuficiente o poco clara”, aseguró el contador Juan Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, de la Auditoría Superior de la Federación.
Al exponer a los integrantes de la Comisión Técnica encargada de analizar el proyecto precisó que en éste se plantea la obligatoriedad de publicar en los medios e internet la información que muestre el origen y la aplicación de los recursos aportados por la ciudadanía.
Además, señaló que la propuesta tiene dos propósitos principales: las reglas de transparencia en los tres niveles de gobierno, en lo referente a la información financiera emanada del sistema de contabilidad gubernamental, y su armonización.
La Auditoría, dijo, por su parte, coadyuvará mediante la fiscalización del proceso de instrumentación de la ley, con el fin de alertar sobre los problemas en su adopción e implementación y que impidan el cabal cumplimiento con la norma.
Por su parte, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz, coordinadora de la Comisión, manifestó la coincidencia con algunos de los temas señalados; “todos estamos de acuerdo con la transparencia, con la sistematización de la información que requiere el país, pero preocupa la implementación de las reformas”.
Dijo que los legisladores han mostrado interés en discutir ampliamente los ordenamientos en la materia, dada la importancia de definir los tiempos y mecanismos que garanticen el funcionamiento de la iniciativa.
En tanto, el senador panista Salvador Vega Casillas, también coordinador de la Comisión Técnica, señaló que lo importante de la propuesta es la obligatoriedad de publicar en internet los registros y reportes que emiten los estados y municipios; “lo único que se necesita es voluntad para realizarlo”.
Destacó que la implementación no es difícil porque los catálogos de cuentas ya están listos, lo que sí es complicado, es ponerse de acuerdo porque cada fiscalizador tiene un criterio diferente y a pesar de ello se han logrado acuerdos entre los actores respectivos.
Para el perredista Armando Ríos Piter, la propuesta presidencial se enfoca mucho en el tema del gasto en los estados y poco en el de las dependencias, cuando la contabilidad debería ser total.
Destacó la necesidad de incluir sanciones, que en la reforma propuesta, son incluso de carácter penal y no solamente administrativas, ya que podría ser un disuasivo.
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