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Con la finalidad de obligar a las autoridades a proporcionar toda información pública derivada del otorgamiento de subsidios, tratamiento especial por exención, cancelación, o condonación tributaria, el senador Javier Corral Jurado planteó reformar la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, propuso establecer que la cancelación de los créditos fiscales no libere de su pago al contribuyente.
Ejemplificó que en 2007 el Sistema de Administración Tributaria realizó la cancelación masiva de créditos fiscales por un monto de 73 mil 960 millones de pesos.
Ello --subrayó—el legislador de Acción Nacional originó un escándalo y la presentación de solicitudes de acceso a la información que fueron negadas por las autoridades hacendarias, por lo que se recurrió al IFAI mediante el recuso de revisión.
Recordó que este Instituto ordenó la inmediata entrega de la documentación y hacer públicos los nombres de las personas físicas y morales que recibieron el beneficio, así como el número de crédito correspondiente, el monto del mismo y las razones o motivos de la cancelación.
“De acuerdo a la información pública disponible --agregó-- los montos de cancelación son por mucho superiores a los límites originalmente previstos, ya que 15 créditos van de los 100 a los 500 millones de pesos; 166 de los 25 a los 100 millones; mil 729 oscilan entre los 5 y 25 millones, y 8 mil 843 van de 1 a 5 millones de pesos.
Sin embargo, dijo, no es posible conocer si los contribuyentes cuentan con más de un crédito cancelado.
Corral Jurado expuso que ante la resolución del IFAI “particulares no identificados presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de servidores públicos del SAT, a fin de impedir la revelación de sus nombres”.
Observó que lo anterior plantea un problema entre el interés público de transparentar la forma en que el SAT ejerce sus facultades discrecionales con relación a la cancelación de créditos fiscales y el de proteger los datos personales de los contribuyentes.
“Estos dos derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales, se encuentran en colisión, además de que la Constitución no los considera como absolutos, ya que su ejercicio tiene limitaciones o excepciones previstas en las leyes”, añadió.
Por ello, expresó que de esa ausencia legal las autoridades fiscales “se han valido para negar el acceso a la información en cuanto a los nombres de quienes han sido cancelados sus créditos fiscales y para desconocer y combatir las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos”.
Por último, el senador por Chihuahua estimó que somos contribuyentes y tenemos la obligación de pagar impuestos y en una sociedad madura tendríamos que saber quiénes no pagan impuestos, si ésta es una práctica reiterada y qué tanto se lesiona el erario público con su omisión de pago.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
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