Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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comparecencia• Trasiego de armas de EU, preocupación central: PRI

• Se pronuncia AN por política exterior de Estado

• La violencia nos ha debilitado: PRD

• México ha perdido prestigio: PVEM

• Para el PT es necesario recuperar la calidad de la diplomacia

Senadores de la República cuestionaron a la canciller Patricia Espinosa sobre el estado que guarda la política exterior, particularmente la relación bilateral con Estados Unidos, el tráfico ilegal de armas, la Iniciativa Mérida y el daño causado por la lucha contra la delincuencia organizada en la imagen de México.
  
Al fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, la senadora Marcela Guerra Castillo aseguró que es evidente que existe un deterioro en la imagen internacional de nuestro país.

Señaló que a pesar de los recursos que el gobierno federal ha destinado para la promoción de México en el mundo “no detectamos avances importantes en las metas planteadas”. 

Además, consideró que el trasiego clandestino de armas desde Estados Unidos es una preocupación central para nuestra seguridad interior, ya que no se ha podido establecer una “sinergia efectiva” para combatir conjuntamente el tráfico ilícito de armamento”.

En cuanto a la Iniciativa Mérida dijo que es necesario conocer su impacto y el “sentido táctico” que ha tenido en el combate al crimen organizado, así como el tipo de condicionamiento que implica.

A su vez, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández anunció que el grupo parlamentario del PAN considera reformar el artículo 76 constitucional, a fin de garantizar la participación mexicana en operaciones de carácter humanitario y para que el Senado ratifique el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores.

Asimismo, informó que se buscará abrir un proceso de dialogo y consulta con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y con universidades para analizar el contenido y los efectos del Acuerdo Antifalsificación.

Destacó que durante estos seis años México se fortaleció como un actor respetado en el ámbito internacional y su política exterior tuvo “un rumbo dictado por nuestros intereses nacionales en congruencia con nuestros principios constitucionales y los resultados están a la vista de todos”.

Sin embargo, reconoció que aún hay retos que afrontar para que la imagen de México “se siga fortaleciendo y esa es una responsabilidad compartida y sólo a partir de ese criterio es posible tener una política exterior de Estado”.

Por el PRD, el senador Manuel Camacho Solís propuso a la canciller conformar una comisión plural de trabajo entre el Senado y las secretarias de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a fin de “hacer una revisión rigurosa de los acuerdos que en materia de seguridad se han firmado con Estados Unidos en los últimos dos sexenios”.

Consideró que “al propio Ejecutivo que sale y al que entra les convendrá que la carga de estas responsabilidades sea compartida con el Senado, ya que es mejor que las decisiones de fondo pasen por el filtro de un órgano plural”.

Refirió que el problema de la violencia interna nos ha debilitado en el exterior pues la prioridad que se le dio al combate al crimen, bajo la formula inicial de una “guerra interna”, arrastró al conjunto de la administración pública y llevó la relación bilateral a girar en torno a la cooperación policiaca, militar y de inteligencia.

Según Camacho Solís estamos ante una encrucijada: o conseguimos bajar la violencia e inseguridad entre todos o nuestras diferencias políticas actuales serán vistas por los ciudadanos como frívolas e irresponsables”.

A nombre del Partido Verde, la senadora Ninfa Salinas Sada expresó que la política internacional de México ha perdido el prestigió que la caracterizó por décadas, ya que en los últimos años “ha sido reactiva”.

Hoy en día --agregó-- existe la práctica común de asignar plazas en el Servicio Exterior “como premios” y no con base en el merito y capacidad de los funcionarios, “algo que es lamentable”.

Hizo notar que la imagen del México “respetable” y de “las formas finas” de su diplomacia ha sido sustituida por la de un país desintegrado, sumido en el caos, la violencia y  desesperación.

Por ello --mencionó--“basta de seguir una línea tibia y poco focalizada, busquemos una diplomacia democrática, franca y pública porque es imperante que respondamos a la cuestión fundamental que necesitamos los mexicanos para mejorar nuestras condiciones de vida”.

En su intervención, el senador petista Manuel Bartlett Díaz dijo que “en esta guerra absurda del presidente Felipe Calderón, nuestra posición es la de seguir las indicaciones del gobierno de Estados Unidos para convertirnos en su policía de control de drogas que no ha tenido resultado alguno”.

Esta guerra --precisó--  ha permitido abrir las puertas de México para que los sistemas de seguridad estén controlados por ese país. 

En opinión de Bartlett Díaz es necesario que “esa política entreguista y subordinada no se repita en el próximo sexenio y se recupere la calidad de la diplomacia exterior que nos dio una gran importancia en el mundo, que hoy ya no tenemos”

Acto seguido, en la ronda de preguntas el senador  priista Patricio Martínez García subrayó que “en detrimento” de la relación con Estados Unidos lo que se logró fue “imponer un diálogo monótono en la lucha contra el crimen organizado”.

La responsabilidad compartida con esa nación, dijo, se significó por una serie de acciones unilaterales y encubiertas que minaron la confianza entre las partes y un ejemplo de ello fue el operativo Rápido y Furioso.

En tanto, el senador panista Carlos Mendoza Davis expresó que hoy México tiene una activa presencia mundial, una voz respetada e influyente y un peso específico en los foros multilaterales.

Sin embargo, estimó que el reto es perfilar una estrategia que reconozca y potencie la realidad dual de México como gerente y receptor de cooperación internacional.
 
Por su parte, la senadora perredista Dolores Padierna Luna señaló que mientras la  inversión directa de Estados Unidos en nuestro país “no aumentó nada en estos seis años”, sí lo hizo su “influencia política e ideológica”. 

Acusó a los funcionarios de este sexenio de ser “pro estadounidenses radicales”,  que han aumentado la dependencia de México hacia ese país, el cual muestra un declive estructural del que no va a levantarse en el mediano plazo.
 
El senador petista David Monreal Ávila preguntó si con la solicitud de inmunidad para el expresidente Ernesto Zedillo se busca sentar un antecedente inmediato para que el próximo gobierno haga lo mismo en la Corte Penal Internacional en donde está pendiente una demanda por genocidio en contra de Felipe Calderón.

También, cuestionó a la funcionaria si los ciudadanos estadounidenses que fueron atacados en Tres Marías están acreditados por el gobierno norteamericano para operar en México, y de ser así, a qué agencia pertenecen.

Para la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano  en este sexenio “simplemente no hubo política exterior”, si acaso “hablamos de burocracia diplomática.
 
Afirmó que cuando la presidenta de Argentina expropió una empresa extranjera, el titular del Ejecutivo, “sin el menor respeto a nuestras tradiciones en política internacional”, “se puso como gestor oficioso a defender no a un país sino a una trasnacional”.

De Nueva Alianza, la senadora Mónica Arriola Gordillo señaló que en el combate al narcotráfico el país vecino “pone” las armas, el consumo y el dinero “y nosotros la inseguridad y la incertidumbre diaria”.

Señaló que expertos en seguridad nacional ya señalaron que el cambio de enfoque en las estrategias de la Iniciativa Mérida “es una muestra de que no ha funcionado como se tenía proyectada”, por lo que es necesario saber cómo se construirá un acuerdo que no sea “paternalista” y “nos coloque en un campo de iguales y corresponsabilidad” en el tema.
 
En sus respuestas, Patricia Espinosa insistió en que en esta administración no se han implementado “acciones unilaterales encubiertas” para enfrentar al crimen organizado y “estamos trabajando de manera conjunta con absoluto respeto a los principios de soberanía y de manera bilateral y concertada en todos estos temas”.
 
Reiteró que el gobierno de México ha manifestado de manera firme, expresa y enfática que las denuncias sobre el operativo Rápido y Furioso “son muy graves y deben ser abordadas con rigor y seriedad”.
 
“El gobierno de México --enfatizó-- no acepta ni tolera, ni lo hará bajo ninguna circunstancia, el trasiego controlado de armas de Estados Unidos hacia México”.

Del mismo modo, dijo que “en todos los casos los acuerdos que el gobierno del presidente Calderón ha suscrito han estado apegados a la normativa que está vigente en nuestro país”.
 
La titular de la SRE sugirió “no doblegarnos frente a nadie”, mantener como línea de acción la defensa de nuestros intereses e intensificar la participación de México en todos los foros internacionales.

Aclaró que la Cancillería no ha contratado ningún despacho de relaciones públicas para promover la imagen de México a nivel mundial, sino que lo hace principalmente a través del cuerpo diplomático, la diplomacia cultural y la cooperación internacional.

Por otro lado, precisó que se hizo la solicitud de inmunidad para Ernesto Zedillo con base en consideraciones de jurisdicción “porque nos parece que no es aceptable que una ley estadounidense deba o pueda otorgar jurisdicción a los tribunales de un país para conocer demandas civiles por actos cometidos fuera de Estados Unidos”.

Hizo notar que la costumbre del derecho internacional otorga inmunidad a los jefes de Estado ante tribunales extranjeros “por hechos en los que ellos hayan estado actuando en uso de sus responsabilidades”.

Explicó que la presencia de agentes estadounidenses  “no es nueva”  y hay reglas que aplican actualmente en las que se estipula que ese tipo de personal no pueden portar armas ni ejercer funciones que estén exclusivamente dedicadas a las autoridades nacionales.
 
“No podemos dar detalles del personal acreditado de ninguna embajada en México por razones de seguridad, por lo que es imposible que yo pueda compartir con ustedes esa información”, agregó.

Por último, consideró que la suscripción de ACTA por parte del gobierno mexicano “puede darnos un marco jurídico más amplio y sólido para el combate a la piratería y la falsificación”.

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