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El senador perredista Luis Sánchez Jiménez solicitó al gobierno federal iniciar un operativo de seguridad en nueve municipios de la zona metropolitana del Estado de México, ante el incremento de la actividad delictiva ligada al narcotráfico y al crimen organizado.
En un punto de acuerdo, consideró “imperativa” la intervención del Ejecutivo y necesario actuar con firmeza en el combate a los grupos criminales.
Además, pidió al gobernador de esa entidad remita un informe sobre las causas y el estado que guarda el conflicto de transporte público en Chicoloapan, a raíz de los hechos ocurridos los días 4, 5 y 6 de septiembre, donde integrantes de Antorcha Popular y una organización de mototaxistas se enfrentaron, con resultado de dos personas muertas.
El reporte deberá incluir el daño ocasionado a la economía regional y a la vida social por la ola de rumores dispersados en los municipios de Chicoloapan, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Chalco, valle de Chalco y Ecatepec, así como las medidas aplicadas para resguardar y proteger a la población civil.
Explicó que debido a los rumores que se esparcieron, negocios de todo tipo cerraron sus puertas y el 30 por ciento de las escuelas suspendieron clases, mientras que en aquellas que abrieron el ausentismo registró un 70 por ciento, por lo que “la meta política de estos grupos había sido cumplida y la psicosis colectiva estaba dada”.
Ante esos hechos, consideró que la delincuencia organizada ha tomado el control de esa región del Estado de México utilizando tácticas de terror para intimidar a la población civil.
Lo anterior, subrayó, ha ocasionado que la vida de sus habitantes “se haya visto alterada gravemente por el avance territorial del crimen organizado, sin que nada le contenga”.
Manifestó que “el fenómeno del narcoterrorismo se ha instalado en territorio nacional y se observa cotidianamente con coches-bomba, cuerpos decapitados, descuartizados o colgados en la vía pública, mensajes amenazantes contra autoridades y ahora el uso de Internet como la voz pública para sembrar el rumor y atemorizar a la población”.
Por ello, enfatizó que frente a estas acciones el gobierno “no puede ni debe agazaparse, achicarse o asumirse rebasado e incapaz de conducir el orden y la cohesión social”.
Por último, advirtió que las mafias delincuenciales no sólo buscan desestabilizar al gobierno sino amedrentar a la ciudadanía, ya que una comunidad envuelta en pánico es más fácil de controlar, someter y agredir.
La proposición se envió a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.
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