Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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votacion-1La Cámara de Senadores manifestó su indignación y condenó el artero asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza perpetrado por elementos de la Patrulla Fronteriza en la división pluvial entre México y Estados Unidos, el pasado 3 de septiembre.

Además, exhortó al gobierno mexicano a emprender una investigación conjunta con las autoridades estadounidenses y, en su caso, presentar la solicitud de detención provisional con fines de extradición del agente que resulte responsable, así como la reparación del daño.

La asamblea también pidió que se revisen los protocolos sobre el uso de la fuerza que utiliza la Patrulla fronteriza conforme al marco normativo internacional de protección a los derechos humanos, a fin de evitar que estos lamentables acontecimientos se repitan.

Del mismo modo, conminó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir brindando apoyo jurídico a los familiares de Arévalo Pedraza para llevar los procesos penales hasta sus últimas consecuencias.

Al presentar el acuerdo, la senadora panista Laura Angélica Rojas dijo que “en un caso más de brutalidad policiaca y uso desproporcionado de la fuerza” agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararon a Guillermo desde territorio estadounidense.

Por ello, dijo, el Senado de la República eleva una enérgica protesta “ante lo que ya resulta un patrón de violencia reiterada” en contra de nuestros connacionales.

Expresó que los policías han argumentado la legítima defensa para justificar los disparos contra algunos mexicanos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre la necesidad de hacer una investigación sería, imparcial y efectiva para determinar la razón de este incremento exponencial de violencia.

Acontecimientos como estos, enfatizó la legisladora, merman considerablemente la solidez de nuestros lazos bilaterales y la confianza mutua sobre la que se edifica buena parte de nuestra relación de diálogo y cooperación fronteriza.

En su intervención, la senadora priista Diva Hadamira Gastelum Bajo señaló que “los abusos de la Patrulla Fronteriza” son hechos recurrentes y “ya es el momento que hagamos valer los acuerdos y convenciones” para proteger a los ciudadanos mexicanos.

Aclaró que así como  México extraditó a Estados Unidos una persona por exigencia del gobierno de esa nación, “nosotros también pedimos que el que cometió el abuso en contra de Guillermo Arévalo sea juzgado por las autoridades mexicanas”.

Calificó como “rutina” al formato donde sólo se repudia el asesinato, pues nuestro país “no le ha regateado” a esa nación la entrega de presuntos narcotraficantes y personas que han cometido ilícitos en territorio norteamericano.

A nombre del PRD, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya destacó que el abuso de los oficiales estadounidenses es claro y evidente, pues después de patrullar el río a bordo de una lancha decidieron abrir fuego de manera indiscriminada contra civiles mexicanos desarmados que se encontraban en territorio nacional.

Resaltó que el argumento de las autoridades estadounidenses de que tres de sus agentes accionaron sus armas tras ser atacados con rocas “parece ser ya parte de un discurso oficial que se maneja” siempre que registran abusos por parte de sus agentes.

“Es claro --dijo-- que existe un alevoso patrón de conducta por parte de esta agencia estadounidense, una prepotencia e impunidad que atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos que viven en la frontera, lesiona la dignidad de México y lastima la relación entre los dos países”.

En opinión del senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo, la migración y las agresiones en contra de personas que deciden mejorar sus condiciones de vida en Estados Unidos “son producto de las malas políticas del desarrollo social de este país”.

Destacó la necesidad de hacer un ejercicio de autocrítica porque “es frívolo y ocioso culpar única y exclusivamente a un corporativo policiaco” de este problema.

Por ello, el legislador se sumó al punto de acuerdo para exigir al gobierno norteamericano que respete a los mexicanos sea cual sea su estatutos migratorio, pero se requiere tener claro que se trata de personas que no encontraron en sus comunidades los mínimos de bienestar.

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