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El Senado pidió al Ejecutivo federal y a los estados de Morelos y Guerrero que, junto con autoridades municipales y ciudadanos, promuevan reuniones de trabajo para evaluar las acciones inmediatas e integrales que atienden la problemática de seguridad que en últimas fechas se ha presentado en esas entidades.
En el acuerdo aprobado se subraya que con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2007 a 2011 se registraron en el país más de 95 mil 632 homicidios, de los cuales el 57 por ciento corresponden a la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Lo anterior --se destaca en el texto-- refleja a todas luces que la violencia e inseguridad se ha generalizado en el país a pesar de que los operativos conjuntos del gobierno federal y estados se han realizado prácticamente desde el inicio del sexenio.
Además, se señala que a punto de concluir el mandato de Felipe Calderón, “el crimen organizado no ha dejado de poseer el control de regiones enteras del territorio nacional, sino por el contrario, la violencia continúa recrudeciéndose”.
En este sentido, se indica que los estados de Guerrero y Morelos han sufrido una alarmante descomposición social que se acelera gracias a las ejecuciones de mujeres, hombres y niños o por los homicidios que se comenten con lujo de violencia.
“Hay escenarios dantescos y un terror creciente que no se merecen sus comunidades”, se menciona en la exposición de motivos de la proposición.
Al presentan este asunto en la tribuna, aprobado de manera urgente, el senador perredista Armando Ríos Piter informó que en lo que va del año alrededor de 170 personas han perdido la vida en Morelos, mientras que en Guerrero aproximadamente 667 ciudadanos fueron asesinados.
Manifestó que es responsabilidad del Senado atender esta problemática y tener la altura de miras, “sin pensar qué partido u orden de gobierno es el culpable”, ya que la sociedad exige resultados para evitar que se cierren más fuentes de empleo en sus regiones.
En tanto, el senador priista René Juárez Cisneros reconoció que los esfuerzos institucionales “han dado resultados insuficientes”, por lo que en esta etapa en la que concluye una administración federal “se debe hacer un esfuerzo adicional que convoque a los tres ámbitos de gobierno y a la sociedad para combatir la inseguridad y la violencia”.
Señaló que esta problemática altera la actividad económica de los estados, inquieta a los ciudadanos y debe considerarse como “una preocupación colectiva”.
Por Acción Nacional, el senador Fernando Yunes Márquez expresó que su bancada está de acuerdo en que se lleven a cabo todas las reuniones necesarias para revisar los resultados y avances en materia de seguridad “pero ponemos énfasis en los relativos a la certificación y acreditación policial”.
Refirió que existen datos “preocupantes” al respecto, ya que del total de policías estatales “sólo tenemos certeza que el 34 por ciento de éstos están fuera de alguna banda del crimen organizado o limpios”, mientras que de los elementos municipales el avance es aún menor.
El legislador por Veracruz advirtió que hay un dato todavía “más preocupante”, debido a que de los 37 mil 604 elementos que no aprobaron el control de confianza “sólo se ha dado de baja al 8.8 por ciento, es decir 34 mil 278 policías que no aprobaron el examen siguen trabajando en diversas corporaciones estatales y municipales”.
A nombre del PRD, el senador Fidel Demedicis Hidalgo expuso que “Calderón deja al país en guerra y preocupa el hecho de que Enrique Peña Nieto ha declarado que no va a cambiar la estrategia para combatir a la delincuencia organizada”.
Ante este panorama, mencionó que el Senado debe estar pendiente de las acciones que emprenda el presidente electo porque “México no merece vivir una etapa de terror más, el pueblo tiene una psicosis colectiva y la obligación del gobierno de Peña Nieto es coadyuvar con una estrategia diferente para salir de esta pesadilla”.
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