Número-823

• Hay preceptos que ocultan información a la ciudadanía.

El senador Benjamín Robles Montoya presentó una iniciativa para eliminar “resquicios de impunidad”, que quedaron plasmados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que “prácticamente legalizan la opacidad”.

Precisó que dicho ordenamiento adolece, en los artículos 5 y 50, de preceptos que ocultan información a la ciudadanía, impiden acceder a los registros de sanciones y permiten que el servidor público sea quien decida dar a conocer o no sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Ejemplificó que en el artículo 5 se excluye como servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado; mientras que el artículo 50 establece la posibilidad de que la autoridad resolutora se abstenga de sancionar, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El senador del PT propuso que en el artículo 5 se considere a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, como servidores públicos, así como derogar el cuarto párrafo del artículo 50.

Aunado a ello, planteó que una reforma al artículo 27 para señalar que en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional se publiquen las constancias de sanciones o de inhabilitación en contra de servidores públicos y particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas sean graves o no.

La iniciativa se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

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