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El senador Javier Corral Jurado presentó este martes una iniciativa para regular la comunicación y publicidad gubernamental y “democratizar” los llamados tiempos oficiales del Estado en radio y televisión con una distribución definida entre poderes y niveles de gobierno.
Se trata, precisó el legislador de Acción Nacional, de expedir la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, a fin de establecer criterios generales para el ejercicio de los recursos que destina la administración pública a la comunicación social.
La propuesta, dijo, prohíbe que se contrate publicidad gubernamental mientras no se agoten los tiempos del Estado, con el propósito de “generarle un ahorro considerable” y evitar que este rubro se convierta un “instrumento de premio o castigo”.
Afirmó que la Ley no creará más burocracia, porque reconoce a la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de los recursos y amplía la participación ciudadana “en la vigilancia de una política tan importante como esta”.
Corral Jurado destacó que con la reforma electoral de 2007 se estableció que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En este sentido, precisó, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso, subrayó, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier funcionario.
Sin embrago, “a la fecha sólo contamos con las reformas del COFIPE, que en su ámbito de competencia ha materializado algunas de las normas secundarias relativas al perfeccionamiento de la reforma constitucional y, en particular, de una parte del artículo 134”.
“Esta insuficiencia reglamentaria y esta ausencia de marco legal --consideró el senador por Chihuahua-- promueve la discrecionalidad y atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas”.
Por ello, la iniciativa busca reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que a través de cualquier medio como prensa escrita, televisión, radio, Internet, cinema y vía pública realicen la federación, los estados, los municipios y el distrito federal.
Establece que el rubro se regirá por los principios de interés y utilidad públicos, transparencia en el proceso de contratación, equidad en la distribución y pluralidad de medios, razonabilidad en la inversión, claridad del mensaje y su eficacia y eficiencia.
Además, prevé sanciones de 100 a cuatro mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en caso de incumplimiento, así como la suspensión de los mensajes que violen las disposiciones establecidas.
En su momento, la propuesta se turnará a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado.
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