Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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El Senado de la República dio entrada para su análisis y dictaminación a la iniciativa del presidente Felipe Calderón, que tiene como objetivo expedir la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas. 

La propuesta pretende “cobijar” a las personas que hayan sido víctimas de  violaciones de derechos humanos por parte de particulares o agentes del Estado, así como asegurar estándares mínimos en la atención y protección a los afectados.

Asimismo, establece la figura de “víctima directa” cuando ésta sea titular del bien jurídico lesionado por la acción u omisión prevista en la ley penal respectiva o haya resentido materialmente la conducta del autor del delito”.

Aclara que será “víctima indirecta” cuando tenga parentesco hasta el segundo grado en línea recta con la víctima directa, así como “a cualquier otra persona que tenga análoga relación afectiva o dependencia económica con aquélla”.

Para ello, el Ejecutivo federal propone crear la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas que será coordinada por PROVÍCTIMA, a fin de generar “el entramado institucional que dé lugar a la armonización de los esfuerzos de la autoridades en diferentes órdenes de gobierno”.

En la exposición de motivos precisa que las víctimas serán acreedoras a un apoyo económico otorgado por las procuradurías sociales cuando hayan sufrido daños a su salud, la pérdida del empleo o del alimento por lesión o enfermedad.

En este sentido, sugiere la creación de 33 fondos de apoyo que tendrán como finalidad cubrir los costos de las medidas de atención y protección de las personas que hayan sufrido graves daños.

En opinión del presidente Calderón los montos de dichos fondos se integrarán con recursos públicos asignados presupuestalmente y con el producto de enajenación de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio.

Sin embargo, deja en claro que el delincuente deberá reparar el daño hecho a las víctimas comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, indemnización y satisfacción.

Subraya que la reparación del daño correspondiente al Estado se realizará “por virtud de violaciones a derechos humanos”, por lo que las procuradurías sociales ofrecerán orientación, asistencia, acompañamiento, representación jurídica y otros servicios especializados que facilite a las víctimas el acceso a la justicia.

Por último, el Ejecutivo federal explicó que es necesario distribuir las competencias entre los diversos órdenes de gobierno, ya que cerca de nueve de cada diez delitos acontecidos en territorio nacional son del fuero común.

Es por ello, puntualizó, que “la atención debe ser brindada por las autoridades de la entidad federativa que corresponda”. 

La iniciativa que también busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Código Federal de Procedimientos Penales, quedó en poder de la Mesa Directiva, en tanto se conforman las comisiones de Gobernación, Justicia y de Estudios Legislativos.

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