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La Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Educción Pública que vigile el cobro de cuotas escolares dentro de los planteles educativos de todo el país.
Asimismo, le requirió el informe del Acuerdo Secretarial 535 para el funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social, sobre la transparencia en el uso de recursos.
De igual forma, le solicitó que explique cuáles son los criterios o estudios técnico-pedagógicos o científicos que llevan a las autoridades educativas a determinar que no haya reprobados en la educación primaria y en qué basan su decisión ante una consulta a los padres de familia.
De acuerdo al resolutivo aprobado, las llamadas “cuotas voluntarias” en escuelas públicas del país oscilan entre 250 y 300 pesos por estudiante, según el plantel y la zona en la que se ubique.
Asimismo, se subraya que según la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia las escuelas obtienen por este concepto ingresos por 7 mil millones de pesos “aunque se desconocen tanto el monto exacto y el destino final del dinero”.
Se agrega que las “aportaciones voluntarias” deberían ser utilizadas para brindar mejoras a los planteles educativos, sin embargo “en realidad no se cuentan con informes sobre el destino exacto de las cuotas”.
Cabe hacer notar que la SEP dio a conocer en 2010 el Acuerdo Secretarial 535 para el funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social, a fin de rendir ante la comunidad escolar un informe de transparencia sobre el uso de los recursos y hacerse público en el portal del Registro Nacional, “sin embargo esto no ha ocurrido”.
Por ello, los legisladores advirtieron que “la educación pública no debe estar de ninguna forma condicionada a las posibilidades económicas de los padres de familia, por lo que se debe de prohibir de manera tajante y definitiva el cobro de cuotas escolares a los alumnos de todos los planteles públicos del país”.
Al presentar el punto de acuerdo, el senador Tomás Torres Mercado, del PVEM, indicó que México destina más de 4 puntos porcentuales de su PIB para educación, de los cuales el uno por ciento se utiliza para infraestructura “pero todo tiene que ver con gasto corriente y no hay pagos de energía eléctrica ni de agua potable.
Agregó que el 90 por ciento de las escuelas no tiene servicio regular en el suministro del agua.
Por ello, se pronunció a favor de que la SEP dé a conocer el informe de transparencia sobre el uso de los recursos para el funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social.
En tanto, el senador panista Juan Bueno Torio expresó su preocupación por el hecho que se dio a conocer en los medios “de que ningún alumno va a poder ser reprobado, ya que implica que sigamos golpeando la calidad de la educación en nuestro país”.
“Qué es lo que motiva a una persona a superar su propio quehacer, a obligarse a cumplir con una tarea, a estudiar un tema dentro de su grado educativo si no es el lograr la calificación aprobatoria para que tengan un reconocimiento por ese esfuerzo a través de una calificación”, enfatizó.
Por tratarse de medidas “regresivas”, dijo, es necesario conocer “qué es lo que motiva a la autoridad educativa a fomentar desde la primaria la apatía de un alumno por la lucha o por la conquista de una mejor calificación, resultado de su propio esfuerzo”.
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