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En el dictamen se reconoce que “el Ejecutivo está en tiempo” para la emisión del reglamento, pero “sería conveniente” que su expedición no se lleve al plazo máximo, pues se estiman inversiones por 300 mil millones de pesos “para ejercerse en este mismo año”.
La Ley, se agrega, sienta las bases para regular y conjuntar el esfuerzo entre instituciones gubernamentales y particulares en la prestación de servicios de interés general, bajo principios de transparencia, seguridad y certeza jurídica.
Según el punto de acuerdo aprobado, para ello se requiere un reglamento que permita una normatividad específica en aspectos de estructura organizacional y administrativa, pero “el Ejecutivo federal no ha ejercido” esta facultad.
Cabe señalar que el 16 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, que en su artículo tercero transitorio dispone un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor.
En el debate, el diputado priista Carlos Flores Rico hizo notar que el plazo para la reglamentación es muy largo para las exigencias de inversión inmediata en un momento difícil de la economía nacional.
Además, se requiere el marco normativo para determinar las posibles inversiones por medio de asociaciones público privadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se discutirá en los próximos meses.
Por el PVEM, el senador Tomás Torres Mercado resaltó que la Ley y las reformas a diversos ordenamientos correlacionados para este nuevo esquema de inversión ya están en vigor y son necesarias las reglas para darle viabilidad a su contenido.
Destacó que en Zacatecas “el pasivo financiero más importante está vinculado con esta forma de contratación a particulares”, donde se aplaza “hasta 20 años el pago con una carga financiera insostenible”.
Para el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, “los esquemas económicos que propone la Ley implican la privatización de los servicios públicos que le corresponden exclusivamente al Estado”.
Con dicho ordenamiento, dijo, se incrementa la presencia empresarial en sectores prioritarios y estratégicos como salud, educación, comunicaciones, así como producción y distribución de petróleo y electricidad, por lo que se opuso “a cualquier reglamentación” que “maximice la intervención privada en actividades públicas”.
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