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La Comisión Permanente llamó a las autoridades federales y locales a coordinarse para combatir al crimen organizado en San Luis Potosí y lograr disminuir los niveles de violencia, así como garantizar la paz, seguridad, civilidad y justicia que la sociedad potosina demanda.

Además, manifestó su consternación y reprobó los inadmisibles hechos de violencia que ponen en peligro la seguridad de comunidades enteras de esa entidad.

Del mismo modo, condenó el asesinato del presidente municipal electo de Matehuala, Edgar Morales Pérez, y de su coordinador de campaña, Juan Francisco Hernández Colunga.

Al presentar el punto de acuerdo de urgente resolución, el diputado priista José Ramón Martel López resaltó que “el crimen organizado es el enemigo común de los estados, la federación y los municipios”.

El recrudecimiento de la violencia en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y San Luis Potosí, dijo, amerita una profunda reflexión en torno a la unidad nacional, pues está en juego la viabilidad del futuro de la nación.

En su turno, el senador priista Carlos Jiménez Macías señaló que el gobernador del estado “se vio obligado” a solicitar el apoyo de la Comisión Permanente para que las fuerzas federales combatan delitos de su competencia porque el Ejecutivo “no ha hecho su tarea”.

Destacó la urgencia de que los tres poderes de gobierno se coordinen “para ponerle alto a este tipo de expresiones de violencia”, así como la necesidad de modificar la “ineficiente y fallida estrategia de combate al crimen organizado”.

Por Acción Nacional, el senador Rubén Camarillo Ortega manifestó que no se puede “endosar este problema a una sola autoridad”, pues la “lucha contra el crimen organizado nos involucra”.

Reconoció que el Ejército debería estar en los cuarteles, pero salió a la calle porque las autoridades locales fueron “penetradas por el crimen organizado” y alcaldes, gobernadores y el mismo gobierno federal “han sido rebasados” por las acciones de la delincuencia.

Para el diputado panista Gustavo González Hernández “los sucesos de Matehuala son un acto más del crimen organizado que agrede a las instituciones de la República y que obliga a una inmediata respuesta”.

Por ello, subrayó la importancia de no bajar la intensidad en combate a la delincuencia, “pues lo que los grupos delictivos pretenden es intimidar a las futuras autoridades para que cedan terreno y puedan imponer la ley del más fuerte en las comunidades”.

La seguridad, enfatizó, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, ya que es una función primigenia del Estado y causa de la formación de la comunidad política conformada por la Federación, estados y municipios.

En su turno, el diputado José Luis Jaime Correa, del PRD, reiteró que el aumento de la violencia en varios estados requiere “replantear la estrategia de seguridad pública” para evitar que “los problemas que hoy vivimos se repitan”.

Frente a los actos violentos del crimen organizado, señaló, “las autoridades de los tres ámbitos de gobierno únicamente implementan respuestas reactivas que no llegan al fondo del problema”.

El legislador respaldó la solicitud del gobernador de San Luis Potosí, pero advirtió que las acciones coercitivas sólo provocarán “el incremento de la violencia”, si no se complementan con medidas para la regeneración del tejido social y el fortalecimiento de la justicia.

A nombre del PT, el senador Ricardo Monreal Ávila aseveró que el problema se agrava cuando se actúa de manera irresponsables y se tolera o se negocia con las bandas del crimen organizado.

Dijo que la violencia no se resolverá “con más policías, soldados, cárceles y jueces de mano dura” y mientras no exista el pleno respeto a la democracia”.

En opinión del diputado Jaime Cárdenas Gracia, también del PT, esta situación “no desaparecerá” sin  “una estrategia profunda” de combate a la corrupción y sin el acceso de los mexicanos al empleo, educación, salud, vivienda, cultura y deporte.

Sin un enfoque integral, advirtió, cualquier política o estrategia de seguridad pública  centrada en la represión “está equivocada” y la intervención de las Fuerzas Armadas en esta materia es violatoria de la Constitución.

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