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La Comisión Permanente pidió al Ejecutivo federal que fortalezca la ayuda a los mexicanos inmigrantes que radican en Estados Unidos, a fin de salvaguardar sus derechos frente al incremento de medidas de deportación implementadas en ese país mediante el programa Comunidades Seguras.
Asimismo, solicitó que la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a la embajada de México en la Unión Americana a cumplir con este propósito.
De igual forma, requirió un informe pormenorizado respecto del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana de las disposiciones aplicadas al amparo de dicho programa.
En el dictamen sometido a discusión se precisa que Comunidades Seguras es un programa aplicado por fuerzas policiales federales, estatales y locales en coordinación con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar a extranjeros que han sido arrestados o detenidos y, en determinados casos, deportarlos.
El 15 de mayo de 2012 inicio su operación en Nueva York y de ese día a la fecha se han registrado 203 mil 500 cateos. Las principales víctimas de esta política, se destaca en el documento, son personas de origen latino y afroamericano, pues representan el 87 por ciento de los casos.
En su exposición desde la tribuna, el diputado Carlos Flores Rico advirtió a nombre del PRI que el programa no responde a su principal objetivo, ya que “incurre en cuestiones que rayan con el racismo y la aberración étnica”, pues estos factores determinan a quién detienen y revisan los policías.
Aunque el planteamiento oficial es deportar a inmigrantes con antecedentes penales, subrayó el legislador, en la práctica el perfil de los expulsados muestra que la mayoría cometieron faltas administrativas o fueron detenidas sin justificación o de manera ilegal.
Enfatizó que cuando las disposiciones aplicadas en una nación rebasan las convenciones internacionales y tienen que ver con violaciones sistemáticas provocadas desde el Estado, son de competencia internacional, por lo que es necesario levantar la voz para que no se aplique un programa para la deportación injusta de muchos connacionales.
En su turno, la senadora Adriana González Carrillo, de Acción Nacional, afirmó que la Agencia de Inmigración y Aduanas se aprovecha de los vacíos legales en la política migratoria de Estados Unidos, a fin de revisar los documentos de todos aquellos que, por cualquier razón, les parezca que son una amenaza al Estado.
Señaló que a partir de esta medida, existen registros de que la policía revisa, solicita documentos y remite a la ICE, para su deportación, a personas que han sufrido algún accidente automovilístico.
La legisladora hizo un llamado para estar atentos y evitar que en el proceso electoral estadounidense los migrantes, particularmente los nacionales, “sean sujetos de ataques” y factores de campaña que propicien actitudes xenófobas o antimexicanas.
A su vez, el diputado perredista Víctor Manuel Castro Cosío aseveró que el maltrato de mexicanos en la Unión Americana es una “vieja historia de racismo” y es indispensable “una postura firme y decidida” en defensa de quienes tuvieron que abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida.
Comunidades Seguras, afirmó, “no es más que un sistema de espionaje más de Estados Unidos a nuestros connacionales”.
Hizo notar que “no podemos permitir que el gobierno de ese país se haga de la vista gorda” y utilice el trabajo de los indocumentados para levantar las cosechas y cuando no le interesa aplica este tipo de políticas.
Por el PT, el diputado Jaime Cárdenas Gracia rechazó “el atropello de muchas autoridades norteamericanas, tanto de seguridad pública como migratorias, que realizan cateos contrarios al debido proceso legal y a los derechos fundamentales”.
Subrayó que en más del 90 por ciento de los casos “no hay fundamento para deportar” a los detenidos y esto es “una franca violación a sus derechos humanos”, por lo que la Cancillería debe reclamar la aplicación de los tratados internacionales en la materia.
Exigió a las autoridades de Estados Unidos no violentar los derechos de nuestros connacionales por cuestiones de raza, origen étnico o clase social.
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