Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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La Comisión Permanente pidió a los secretarios de Educación Pública federal y de Puebla, José Ángel Córdova Villalobos y Luis Maldonado Venegas dar solución a los maestros de esa entidad que fueron cesados y sean reinstalados de manera inmediata en caso de no haber existido causa justificada para ello.

En el punto de acuerdo avalado por unanimidad se menciona que el pasado 4 de junio la SEP dio inicio a la aplicación de la Evaluación Nacional para el Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE) a nivel nacional, con la intención de conocer el estado que guarda la calidad del sistema educativo en nuestro país.

Sin embargo, alrededor de 5 mil profesores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), determinaron suspender la aplicación de la prueba ENLACE en las regiones de Izúcar de Matamoros, Huachinango, San Martín de Texmelucan y Tehuacán, por no considerarlo un mecanismo eficiente de evaluar la condición educativa.

Derivado de lo anterior, se agrega, fueron cesados 42 directores y un maestro, lo que convierte a Puebla “en la primera entidad en ejercer actos de represión en contra del magisterio por oponerse a la aplicación de la prueba ENLACE”.

En el texto se pone énfasis en que si bien la prueba ENLACE y la Evaluación Universal a profesores son mecanismos del Ejecutivo federal para elevar la calidad de la educación mediante la rendición de cuentas y transparencia, han resultado ineficaces.

En opinión de los legisladores no basta con someter los resultados al escrutinio público sino dotar de elementos y herramientas a los profesores y brindarles mejores condiciones laborales que les permitan mantenerse competitivos en el desarrollo de su labor al servicio de la nación.

Al presentar la propuesta el senador petista Ricardo Monreal Ávila dijo que es muy delicado lo que sucede en Puebla, ya que existe “persecución contra maestros y un acoso sin precedente contra ellos”.

Calificó de inadmisible permitir que se vulneren los derechos laborales de los profesores, por lo que el Congreso debe pronunciarse al respecto.


En tanto, el diputado priista José Ramón Martel López estimó que a los docentes se les debe restituir en caso de no haber causa justificada de acuerdo a la relación laboral, “porque si lo que se hizo es un abuso de autoridad y de poder desde luego que no debemos tolerarlo”.

Empero, recalcó que los pronunciamientos de la Permanente no pueden “prestarse a los posibles dichos de los legisladores”, por lo que es preciso evitar que se argumente sin sustento en alguna medida tomada sobre la relación laboral de los maestros.

Por su parte, el diputado panista Arturo García Portillo comentó que “hay que tener cuidado de no estar mezclando situaciones”, ya que primero se debe abrir una investigación para conocer el punto de vista de las dos partes en este conflicto y “así por lo menos hacer una valoración de lo que haya ocurrido”.

Subrayó que “solapar” a maestros que no hacen un esfuerzo para mantener la calidad de la educación y que buscan mantener “el mismo sueldo” sin esforzarse por mejorarla, provocaría “un daño terrible”.

En su exposición el diputado petista Jaime Cárdenas Gracia aseguró que se trata de “un abuso de autoridad en donde la autoridades educativas de Puebla deciden escarmentar, castigar y reprimir a los directores y profesores por indisciplinados”.

Estimó que se está ante una discriminación por razones políticas, la cual está prohibida por el artículo primero de la Constitución, y ello afecta la dignidad de los maestros.


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