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La Comisión Permanente solicitó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, un informe sobre el cumplimiento de la recomendación especial relativa al caso Ayotzinapa, Guerrero.
Una vez recibido el reporte, la Primera Comisión podrá citar --sin mayor requisito-- a una reunión de trabajo al titular de la CNDH o a algún servidor público de esa dependencia para ampliar las explicaciones que se estimen necesarias.
Cabe señalar que el 28 marzo pasado la CNDH emitió la recomendación 1-VG/2012 derivada de la investigación para determinar “las graves violaciones a los derechos humanos” en contra de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que realizaban una manifestación en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011.
En el punto de acuerdo avalado se expone que en un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal, de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección del estado, los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús perdieron la vida por impactos de bala.
A estos hechos se adicionó el deceso de Gonzalo Miguel Rivas Cámara por quemaduras de tercer grado causadas por el incendio de una gasolinera y más de 20 víctimas de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el texto se destaca que la CNDH evidenció las violaciones graves a la libertad de reunión, a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal, así como a la legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y trato digno.
Al discutirse el dictamen, el senador Carlos Sotelo García, del PRD, señaló que en este caso, como el de Atenco, se registró un “uso desproporcionado de la fuerza para atender conflictos de carácter social”.
Aunque ya se presentaron “algunas consignaciones” y siguen abiertas líneas de investigación, agregó, la muerte de dos estudiantes, “prácticamente ejecutados a la luz pública”, siguen impunes, pues no se ha identificado a los responsables.
Incluso, advirtió, existen duda dudas respecto a la consignación de policías ministeriales y otras autoridades de Guerrero porque “hay evidencias de que quizá la Policía Federal también tuvo una responsabilidad más directa” en los hechos.
Por el PRI, el diputado Helidoro Díaz Escárraga consideró que para conciliar el respeto al derecho a manifestarse y los derechos de terceros, las autoridades tienen que actuar en el marco de ley, porque de lo contrario ocurren hechos como los de Ayotzinapa.
Precisó que ante la gravedad de los acontecimientos es indispensable investigar cuáles son los niveles de responsabilidad, sobre todo cuando la recomendación es el primer procedimiento abierto derivado de las nuevas facultades de investigación del CNDH.
El informe deberá ser presentarse en un plazo en cinco días naturales.
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