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La Comisión Permanente pidió al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Gustavo Mohar Betancourt, que informe sobre la situación que en materia de derechos humanos enfrentan los migrantes centroamericanos en su paso por el territorio nacional.

De igual forma, requirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un reporte sobre la queja presentada por defensores y defensoras de migrantes de los hechos ocurridos en julio de 2010, así como de los avances y resultados de las medidas cautelares que emitieron a favor de la Casa del Migrante “San Juan Diego” .

Asimismo, solicitó al Ejecutivo federal, a las autoridades estatales y municipales que garanticen la seguridad y respeto de las garantías individuales en las zonas cercanas a albergues, refugios y casas de migrantes.

Senadores y diputados dieron un plazo de cinco días para dichos reportes y dejaron en claro que una vez recibidos podrían citar a una reunión de trabajo a aquel servidor público que sea conveniente, a fin de ampliar las explicaciones que se estimen necesarias.

En el dictamen se subraya que el tránsito de los migrantes por nuestro país ha logrado ser menos tortuoso, más humano y seguro gracias a la ayuda que prestan los defensores de derechos humanos y las casas y albergues que en ocasiones se convierten en la única vía para sobrevivir o tener una mínima seguridad en su paso por México.

Pese a ello, se destaca, la actividad de los defensores de migrantes ha sido accidentada, plagada de injusticias y de riesgos.

Se menciona que en los municipios de Tultitlán y Huehuetoca, en el estado de México, se han presentado actos de confrontación entre vecinos de la zona con migrantes y defensores de los derechos humanos, debido a que los colonos los consideran “un peligro para el entorno”.

Ello, ha generado que instalaciones creadas para dar apoyo humanitario se vean obligadas a cerrar por conflictos diversos, en los cuales con frecuencia están mezclados intereses del crimen organizado o de autoridades que incurren en actos de corrupción.
 
Se recuerda que ante el allanamiento de presuntos policías federales a la Casa del Migrante San Juan Diego en Tultitlán, en julio de 2010, la CNDH  solicitó medidas cautelares de protección para defensores y defensoras de derechos humanos que laboran a favor de la población migrante.

Sin embargo, ante el incumplimiento en el seguimiento por parte de ese organismo han tenido que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de protección.

Al respecto, el diputado priista Humberto Benítez Treviño comentó que es necesario sumar esfuerzos en la tutela y protección de los derechos de los migrantes, “por eso es imprescindible que el subsecretario de Gobernación rinda el informe sobre el estatus que guarda esta situación.

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