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La Comisión Permanente repudió el intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, que condicionó al cumplimiento de “criterios unilaterales de protección de derechos humanos” el flujo de recursos de la Iniciativa Mérida al Estado mexicano.
Además, dio un plazo de 10 hábiles para que los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República presenten un informe sobre el flujo de recursos y operación de la Iniciativa, de enero de 2011 a mayo de 2012.
Lo anterior, en cumplimiento, por parte del Estado mexicano, de un conjunto de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Los legisladores también pidieron a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y a la PGR un reporte sobre la actuación e instrumentación de los Protocolos sobre Uso de la Fuerza y Detención de Personas presentados por el presidente Felipe Calderón.
En el dictamen, se menciona que en el Reporte Anual 2011 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se establece una retención del 15 por ciento de los recursos que se acordaron entre México y ese país en la Iniciativa Mérida, en razón del cumplimiento del respeto a derechos humanos por las fuerzas de seguridad mexicanas.
Por ello, es muy importante que la Comisión Permanente cuente con la información precisa y puntual proporcionada por quienes tienen a su cargo directamente el combate a las bandas de la criminalidad de alto impacto.
En el debate, el senador priista Carlos Jiménez Macías afirmó que Estados Unidos “no es quien para dar lecciones” sobre el respeto a los derechos humanos, porque “sabemos muy bien cómo se respetan” éstos en esa nación.
En este sentido, dijo que la Iniciativa Mérida tampoco “puede ser un pretexto para permitir” que esa nación emita “ciertas regulaciones” en el tema a las autoridades mexicanas.
Por Acción Nacional, desde su escaño, la senadora Adriana González Carrillo se pronunció en contra de “esta nueva certificación” impulsada por el Congreso de la Unión Americana, porque existe “falta de aplicación de la justicia” en casos como el de Anastasio Hernández, quien fue asesinado a golpes por un agente migratorio estadounidense. “No son los Estados Unidos --afirmó-- quienes nos van a venir a decir quiénes y cómo se violan o no los derechos humanos en nuestro país”.
El senador Tomás Torres Mercado, del PVEM, se sumó al repudio al intervencionismo de la Unión Americana, pero el Congreso también debe asumir su responsabilidad para establecer mecanismos de control en materia de política exterior, particularmente en la revisión preliminar de los acuerdos internacionales.
“Está bien que se repudie el intervencionismo de Estados Unidos, lo que no está bien es que el Congreso no reconozca su responsabilidad”, asentó el legislador.
A su vez, el diputado petista Jaime Cárdenas Gracia se pronunció por una reforma constitucional para que los tratados internacionales se aprueben por el Congreso en su conjunto y las legislaturas estatales, además de someterlos a referéndum ciudadano, pues con ellos “se puede comprometer la soberanía” nacional.
Dijo que esta modificación a la Carta Magna es un tema que tiene que formar parte de la agenda de la LXII Legislatura, a fin de que los convenios internacionales cuenten con “la suficiente legitimidad democrática”.
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