Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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PrimeraSenadores y diputados aprobaron un dictamen para que la Comisión Permanente condene “los arteros homicidios, vejaciones y agresiones en contra de periodistas, ocurridos en los últimos meses”.

Los legisladores de la Primera Comisión, que preside el senador priista Rogelio Rueda Sánchez, también urgieron al Diario Oficial de la Federación la publicación inmediata de la reforma constitucional al artículo 73 referente a delitos en contra de periodistas y que fue declarada aprobada por la Permanente el pasado 6 de junio.
 
Además, hicieron un exhorto a la PGR para que atraiga los casos de los homicidios de los periodistas Marco Antonio Ávila García, Regina Martínez y Víctor Manuel Báez Chino, a fin de que realice investigaciones exhaustivas, expeditas e independientes que permitan esclarecer los hechos y procesar a los responsables.

De igual manera, pidieron a la PGR que lleve a cabo una averiguación que permita esclarecer los hechos e identificar y procesar a los responsables de la agresión en contra del periodista Gerardo Ponce de León Moreno.

En la misma sesión, solicitaron a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y a la PGJ de Guerrero que refuercen las indagaciones sobre a desaparición del jefe de redacción del periódico Novedades de Acapulco, Marco Antonio López Ortiz.

A la PGR y a la Secretaría de Gobernación, les requirieron instrumentar de manera urgente las acciones de protección para la reportera del periódico Zócalo de Saltillo,  Stephanía Cardoso y su hijo de dos años, a fin de garantizar que se cumplan las medidas cautelares establecidas en el Mecanismo de Protección a Periodistas.

Por otro lado, los legisladores solicitarán una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, a efecto de que presente un informe sobre las acciones, avances y resultados en materia de protección a periodistas y ataques a la libertad de expresión correspondiente al periodo diciembre 2006- junio 2012.

En el dictamen aprobado se menciona que de acuerdo a la ONU, México se ha convertido en el país “más peligroso” para ejercer el periodismo en el continente americano y el tercero en el mundo después de Pakistán e Irak.

De igual manera, señala que la organización Artículo 19 informó que Veracruz registra 29 homicidios de periodistas, el Distrito Federal, 21; Chihuahua y Coahuila, 15 casos y Oaxaca, 11. 

Por ello, los legisladores consideraron que es un reclamo social de urgente atención la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de que el plazo constitucional para su publicación en el DOF terminó día de hoy.

Finalmente, acordaron hacer un llamado al presidente de la Mesa Directiva del Senado, José González Morfín, para que ordene la publicación del decreto que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en un plazo que no exceda del día 29 de este mes.


Solicitarán juicio de procedencia contra gobernador de Sonora.

En otro tema, senadores y diputados respaldaron un exhorto para que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se someta al Estado de derecho y acate las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y obedezca la orden de suspensión de la obra del Acueducto Independencia que le ha sido dictada en más de una ocasión.

En el resolutivo, los legisladores invitaron al Presidente Calderón “a no apoyar con recursos económicos y menos con su presencia a gobernantes que no respetan las decisiones de los tribunales federales”.

Además, se solicitó a la Procuraduría General de la República que dé cauce a las averiguaciones previas por el delito de desacato en contra de funcionarios del gobierno de Sonora desde el año 2010 e inicie el juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados en contra del gobernador.
 
Según el acuerdo, la construcción de dicho  Acueducto “perjudica no solamente a los productores del Valle del Yaqui y de la Tribu Yaqui, sino a toda la región, en la que confluyen siete municipios, con 900 mil habitantes”.

Por ello,  al publicarse la convocatoria para licitar la obra se interpusieron juicios de amparo para que no se adjudicara y se otorgaron suspensiones provisionales y en un recurso hasta  la suspensión definitiva.

Sin embargo, el gobierno estatal hizo caso omiso de la suspensión provisional concedida, y adjudicó la obra, firmó contratos, la inició y festinó haberlo hecho.


Por último, se avaló un dictamen para pedir a la PGR un informe sobre las medidas y mecanismos que ha implementado, a fin de eficientar y fortalecer la integración de expedientes en los que se investiguen delitos del fuero federal, especialmente los que se refieren a la delincuencia organizada.


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