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Senadores y diputados de la Comisión Permanente acordaron solicitar al Ejecutivo federal, por medio de los titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República, un informe detallado sobre el balance, logros y metas que se fijaron y se han conseguido en el combate al lavado de dinero.
En el punto de acuerdo aprobado por la Primera Comisión se destaca que a dos años de su aplicación, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero “presenta serias limitaciones que hacen suponer su fracaso o su utilización con altos márgenes de discrecionalidad política”.
Por ello, los legisladores destacaron la importancia de que los funcionarios involucrados en el tema expliquen la política de Estado en el combate al lavado de dinero, sus logros y metas fundamentales.
La Comisión que trata asuntos relativos a Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia resolvió, por otro lado, exhortar a la Procuradora General de la República a eficientizar las acciones para combatir la introducción ilegal de armas de fuego en el territorio nacional.
Argumentaron que de la comisión de dicho delito se gestan otros de igual o mayor magnitud, que lesionan profundamente a la sociedad mexicana.
En el punto de acuerdo, se resalta que los delitos del fuero federal crecieron en los últimos seis años en 80 por ciento y 30 mil menores de edad han sido detenidos y procesados por diversos delitos, pero sólo existen siete procesados con motivo del delito de introducción ilegal de armas a territorio nacional y dos sentencias en esta materia.
De acuerdo a diversos estudios, se agrega, en la venta ilegal de armas en Estados Unidos participan 100 mil distribuidores y vendedores al menudeo, de los cuales cinco mil se ubican a lo largo de la frontera mexicana.
Piden legisladores reporte sobre recursos para proteger a periodistas
La Primera Comisión también avaló un exhorto para que la Secretaría de Gobernación proporcione un reporte sobre el ejercicio de 28 millones 500 mil pesos otorgados en el presupuesto de Egresos de la Federación para implementar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
En el resolutivo se pide reforzar las medidas cautelares para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.
La dependencia también deberá entregar información de los convenios de colaboración que se han acordado con las entidades federativas para coordinar la implementación de las medidas de protección para los defensores de derechos humanos.
En este sentido, los legisladores pidieron la publicación inmediata la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 30 de abril y enviada al Ejecutivo federal para su promulgación.
Además, solicitaron a la Secretaría de Gobernación información sobre las medidas cautelares y provisionales solicitadas y ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.
Demandan legisladores a Padrés Elías respetar Estado de derecho
Senadores y diputados respaldaron un llamado al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y obedecer la orden de suspensión de la obra del Acueducto Independencia que le ha sido dictada en más de una ocasión y someterse al Estado de derecho.
En el resolutivo, los legisladores invitaron al Presidente Calderón “a no apoyar con recursos económicos y menos con su presencia a gobernantes que no respetan las decisiones de los tribunales federales”.
Además, se solicitó a la Procuraduría General de la República que dé cauce a las averiguaciones previas por el delito de desacato en contra de funcionarios del gobierno de Sonora desde el año 2010.
Según el acuerdo, la Construcción de dicho Acueducto “perjudica no solamente a los productores del Valle del Yaqui y de la Tribu Yaqui, sino a toda la región, en la que confluyen siete municipios, con 900 mil habitantes”.
Por ello, al publicarse la convocatoria para licitar la obra se interpusieron juicios de amparo para que no se adjudicara y se otorgaron suspensiones provisionales y en un recurso hasta la suspensión definitiva.
Sin embargo, el gobierno estatal hizo caso omiso de la suspensión provisional concedida, y adjudicó la obra, firmó contratos, la inició y festinó haberlo hecho.
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