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La Comisión Permanente declaró  constitucional la reforma  para la protección de los periodistas y medios de comunicación, que federaliza los delitos que se cometan en su contra.   En la sesión e este miércoles,  el pleno de este órgano del Congreso  recibió los oficios de  16 congresos de igual número de estados en los que notifican de su aprobación al proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del Artículo 73 de la Carta Magna.   Se trata de los votos aprobatorios de los congresos de  Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas a dicha enmienda constitucional.

Esta enmienda a la Carta Magna otorga facultades a las autoridades federales para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o cualquier persona, en el que se adviertan atentados contra la libertad de expresión.

Además, las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.   Poco antes de que el presidente de la Mesa Directiva, senador José González Morfín, emitiera la declaratoria correspondiente, el diputado priista Humberto Benítez Treviño consideró que dicha reforma es de la mayor trascendencia para el ejercicio libre de la profesión del periodismo.

A su vez, el senador perredista, Carlos Sotelo García, estimó que el cambio a la Constitución es un avance importante “pero esta facultad no es en sí la federalización de los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, sino una facultad potestativa de atracción cuando la autoridad así lo considere”.

En tanto, el diputado perredista José Luis Jaime Correa dijo que la reforma resulta urgente para el país y “particularmente para los trabajadores de los medios de comunicación”.

Explicó que se busca establecer un marco más amplio de protección para el ejercicio del periodismo en momentos donde la violencia y la inseguridad han llevado a que México sea considerado como el país más peligroso de América Latina, y el quinto en el mundo para ejercer esta profesión. 

El decreto se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

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