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El diputado perredista José Luis Jaime Correa propuso ante la Comisión Permanente reformas a la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para analizar y garantizar que los reglamentos expedidos por el Ejecutivo federal sean compatibles con las leyes que apruebe.

En la iniciativa se propone que el Ejecutivo cuente con un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir el reglamento respectivo.

De acuerdo a la exposición de motivos, los reglamentos que expida el Ejecutivo deben ser congruentes con las disposiciones contenidas en las leyes, y en caso contrario, el Congreso podrá pronunciarse en queja ante Ejecutivo para que se subsanen las incompatibilidades en un plazo no mayor a 15 días.

En tribuna, el legislador explicó que se trata de evitar que el Ejecutivo federal siga abusando de su facultad de expedir reglamentos que, para su correcta aplicación, requieren las leyes, ya que rebasa de manera arbitraria los plazos establecidos.

“Lo que es peor –agregó- expide reglamentos de manera prácticamente discrecional y caprichosa, contrarios al espíritu de las leyes que pretende regular”.

“Está claro que cuando una atribución constitucional permite abusos, significa que no está armonizada con el debido equilibrio que debe guardarse los poderes entre sí, lo cual trastoca uno de los principios esenciales para la democracia y la justicia”, subrayó.

Afirmó que en los últimos gobiernos se ha usado este recurso de manera constante, como una barrera para atorar de manera irresponsable el proceso legislativo que implica la elaboración de leyes y decretos.

Puso como ejemplo que el Ejecutivo no ha expedido el reglamento para la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral infantil, conocida como Ley 5 de junio, elaborada justamente para prevenir accidentes como la tragedia de la Guardería ABC,  hace tres años.

También están pendientes los reglamentos sobre la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores y el de la Ley de Migración, por citar algunos ejemplos, apuntó.

Señaló que “también pretendemos llamar a comparecer al secretario de Gobernación para que explique sobre la omisión o tardanza en cuanto a la expedición de un reglamento determinado como medida de apremio”.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados

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