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Senadores y diputados de la Comisión Permanente acordaron hacer un llamado a los gobiernos federal y de Oaxaca, así como a maestros de esa entidad, a fin de que integren mesas de trabajo en las que se analicen las demandas del magisterio y se puedan establecer las condiciones para que se reanuden las clases en el estado.
En el resolutivo avalado por la Segunda Comisión, se advierte que “Oaxaca está nuevamente en el umbral de un conflicto social de grandes y graves proporciones” por el conflicto magisterial que ha paralizado a más de 10 mil escuelas y afectado directamente a un millón 300 mil educandos, desde el pasado 21 de mayo.
Los legisladores recordaron que el pliego petitorio de los profesores oaxaqueños del sector público contiene 28 demandas en materia educativa, justicia, seguridad social, política y económica.
Sin embargo, señalaron que temas como la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación Universal, regularización de trabajadores de honorarios, amnistía a presos políticos, el hospital regional del ISSSTE o el incremento salarial “son triangulados con un ente que no tiene competencia para resolverlos”.
Las protestas de los maestros --dijeron-- ya se extendieron a otras entidades como el Distrito Federal y van desde la expresión organizada en diversos foros públicos, hasta la suspensión de actividades, el cierre de vialidades y la permanencia en plantón en diversos puntos de las ciudades importantes, como el zócalo de la ciudad de México.
Para los integrantes de la Comisión que atiende asuntos de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública, “las movilizaciones magisteriales van a continuar, pues aún no se aprecia cercana una resolución completa del conflicto”.
Por ello, plantearon instar al gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Educación, y el ISSSTE, así como al gobierno estatal y a los maestros, para que integren mesas de trabajo en las que se analicen las demandas de los trabajadores de la educación pública de Oaxaca y de otros estados que planteen problemáticas similares.
Lo anterior, para que se promueva una pronta resolución del conflicto y se puedan definir las condiciones entre las partes para que se reanuden las clases.
Piden comparecencia de canciller por deportaciones de mexicanos en España
La Segunda Comisión acordó presentar ante el pleno de la Permanente un punto de acuerdo de urgente resolución para citar a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores o al subsecretario del ramo, a efecto de que informen sobre las acciones para la protección y defensa de los derechos de los mexicanos que viajan a España.
En la propuesta se hace un llamado al Ejecutivo federal para que, por conducto de la cancillería, aplique las medidas consulares necesarias para proteger y velar por la seguridad e integridad de los mexicanos que viajan a España.
Ello, por los requisitos que les exigen en esa nación a nuestros connacionales y las deportaciones ocurridas por la exigencia de la llamada Carta Invitación.
Además, se solicita a la SRE, al embajador de México en España y a los cónsules mexicanos acreditados en esa nación que lleven a cabo campañas informativas con el fin de dar a conocer a los turistas mexicanos la exigencia de este requisito.
También, se pide al Ejecutivo federal que analice la posibilidad de realizar un extrañamiento al gobierno español debido a las agresiones ocurridas a turistas mexicanos y considere tomar medidas frente a estos hechos e implementar, en correspondencia, requisitos similares a nacionales españoles ante su posible ingreso a territorio mexicano.
En la propuesta, los legisladores destacaron las recientes deportaciones de connacionales que llegan a territorio español por no contar para su ingreso con la llamada Carta de Invitación.
De acuerdo a la normatividad española, dicha Carta se exige por los funcionarios responsables del control de entrada, además de la visa y de demostrar que se cuenta con los recursos suficientes para el viaje.
La Carta se tramita por el invitante español ante la Comisaria de Policía con semanas de anticipación y en ella se deberá aportar, entre otros datos, la demostración de que se invita al turista, el domicilio del invitante y la acreditación de que posee una vivienda.
Senadores y diputados reconocieron el carácter soberano de las disposiciones legales y reglamentarias españolas, pero “no estamos de acuerdo en que, so pretexto de la aplicación de disposiciones normativas, se violenten o conculquen los derechos y la integridad de los mexicanos que por diversos motivos visitan el territorio español”.
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