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Legisladores de la Comisión Permanente aprobaron exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, fortalezca el combate a la sustracción, posesión y enajenación ilegal de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.
Asimismo, resolvieron solicitarle un informe sobre los avances, a la fecha, en el combate a ese delito.
En el dictamen avalado se específica que desde enero de este año Petróleos Mexicanos puso en marcha un operativo en estaciones de gasolina en colaboración con otras dependencias federales como la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio de Administración Tributaria, a fin de combatir el mercado ilícito de combustibles.
Sin embargo, en opinión de senadores y diputados aún se necesita que el Ejecutivo refuerce estos mecanismos e investigue y persiga los delitos del orden federal como es el caso.
En este sentido, advirtieron que las tomas clandestinas representan un peligro latente a la integridad “no sólo del sujeto activo en la comisión de este delito sino también para la sociedad que habita en las zonas aledañas, ya que se pueden generar explosiones de los ductos”.
Por ello, hicieron un reconocimiento a “la voluntad de Pemex para implementar medidas encaminadas a dirimir los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización de productos petrolíferos”.
No obstante, dejaron en claro que este tipo de delitos vulneran la integridad de la paraestatal y atentan contra la seguridad nacional al poner en riesgo a las comunidades aledañas y deteriorar los ecosistemas.
Pedirán informe sobre implementación de la reforma al sistema de justicia penal. En otro tema, los integrantes de la Primera Comisión, que preside el senador priista Rogelio Rueda Sánchez, acordaron citar a una reunión de trabajo al secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Este encuentro es con la finalidad de analizar el avance en general de la puesta en marcha de la reforma al sistema de justicia penal y en particular del ejercicio de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 destinados para “el desarrollo de proyectos prioritarios para la implementación del sistema procesal acusatorio”.
En el documento se señala que dentro de dichos proyectos se incluye la adquisición de equipo, desarrollo tecnológico y la adecuación o creación de infraestructura de las procuradurías y tribunales de justicia de los estados y del Distrito Federal.
Sin embargo, los legisladores aclararon que esperarán un informe de dicho funcionario, a efecto de analizar si es pertinente o no la reunión de trabajo.
Mencionaron que sólo tres entidades federativas cuentan con una implementación total del sistema de justicia penal, mientras que diez más lo han hecho parcialmente. Ante ello, expresaron su preocupación, ya que de acuerdo a lo dispuesto en la ley sólo quedan cuatro años más para cumplir este proceso en la totalidad de los estados.
Explicaron que esta reforma requiere una cantidad significativa de recursos financieros, por lo que sin éstos la enmienda “estaría condenada al fracaso”, toda vez que se requiere invertir en la capacitación de ministerios públicos, jueces, magistrados, defensores, entre otros.
Adicionalmente, es preciso destinar recursos económicos en infraestructura inmobiliaria para la adecuación al desarrollo de las audiencias y la construcción de centros especializados para la purgación de las penas.
Recordaron que en 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó la Constitución para establecer el sistema procesal acusatorio y se dio un plazo de ocho años para su total implementación.
Saludan Diálogos por la Paz.
En la misma reunión de trabajo se avaló que la Comisión Permanente exprese un saludo al “Diálogos por la Paz” que se realizó el pasado 28 de mayo entre los candidatos a la presidencia de la República e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.
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