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La Comisión Permanente condenó las agresiones y amenazas de muerte en contra del padre Alejandro Solalinde, mismas que originaron su autoexilio.
Al mismo tiempo, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que detengan la xenofobia y agresiones en contra de las personas migrantes y sus defensores.
A la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca le solicitó investigar las amenazas al defensor de derechos humanos, así como indagar los vínculos y las relaciones del llamado "Grupo de Rescate Urbano" con el Municipio de Ixtepec, Oaxaca.
En tanto, la Procuraduría General de la República coadyuvará con las investigaciones que realice la procuraduría local.
En tribuna, el senador del PRD, Rubén Velázquez López a nombre propio y de los senadores Leonel Godoy y José Luis García Zalvidea, señaló que el clima de violencia en contra de los migrantes del albergue y del padre Solalinde no ha parado en Ixtepec, Oaxaca.
Indicó que autoridades no han sido capaces de frenar las agresiones contra los migrantes, ni contra los defensores de los derechos humanos e incluso, ha trascendido que las dos últimas agresiones en contra del padre Solalinde vinieron de gente cercana a la administración municipal.
Comentó que el 20 de abril una persona dijo que había recibido dinero para matar al padre Solalinde, cuando el día anterior, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobierno de Oaxaca le ofrecieron reforzar las medidas de seguridad; sin embargo, no se ha tenido noticia sobre el tema.
Precisó que ante las amenazas de muerte y la suspensión temporal de las labores humanitarias del padre Solalinde, los migrantes están más desamparados que ayer.
“Pero México está más desprotegido y tiene menos credibilidad como Estado de derecho al no permitir el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos vulnerando el derecho a defender”, precisó.
Sobre el resolutivo que exhorta al Ejecutivo Federal para que cumpla con las medidas cautelares a favor del Padre Solalinde que fueron solicitadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la senadora panista Teresa Ortuño, aclaró que éstas fueron solicitadas a la CIDH; sin embargo el organismo no ha formulado una recomendación a México.
Por ello, destacó que sin recomendación, el gobierno ya le había facilitado escoltas y policías federales para que lo protegieran, incluso después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunciara al respecto.
Al fijar su posición, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del PRI, señaló que no son las leyes las que hacen falta, sino la voluntad política, la eficacia en la manera de gobernar y la responsabilidad plena en el cumplimiento de las responsabilidades en materia de seguridad pública en Oaxaca, incluyendo al gobierno federal.
Aunado a ello, se tiene un retraso en la expedición del reglamento que hace nugatorio la aplicación plena de la ley de Migración, aprobada hace más de un año.
Las cosas siguen igual, lo que lleva a concluir que por más leyes que se le den a un mal gobierno, “éste nunca dejará de eso, un mal gobierno”, aseguró.
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