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La Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría General de la República para que investigue y esclarezca los asesinatos de periodistas en el país y castigue a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.
En la sesión de este miércoles, senadores y diputados también condenaron las agresiones a los comunicadores, sobre todo, la acontecida en Morelos en contra de René Orta Salgado, el pasado 13 de este mes.
Además, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita las medidas cautelares correspondientes para prevenir estos hechos.
Al presentar la propuesta, la diputada panista Alba Leonila Méndez Herrera destacó que la delincuencia organizada pretende aterrorizar a la sociedad e “inyectar” en ella miedo, angustia, desesperación, perdida de confianza en las instituciones y la renuncia a ejercer los derechos constitucionales.
En este sentido, dijo, “la embestida delincuencial” contempla diversas acciones dirigidas en contra de mujeres y hombres que cumplen con su labor de investigar e informar de las actividades de esas bandas.
Dijo que esta situación de agravó en Veracruz, pues recientemente fueron asesinados los comunicadores Regina Martínez, Miguel Ángel López Velasco, Misael López, Yolanda Ordaz de la Cruz, Noel López Olguín, Evaristo Ortega Zárate, Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez, así como Irasema Becerra, quien era secretaria del área de ventas del periódico El Dictamen.
“Es urgente que el gobierno estatal atienda la exigencia ciudadana de que se esclarezcan estos crímenes contra personas que ejercieron su libertad de expresión en aras de construir un Veracruz justo y libre”, dijo.
En la discusión, la senadora Adriana González Carrillo, también de Acción Nacional, expresó que en este tipo de acontecimientos “ocurre mucho el que los gobernantes se laven las manos”.
Consideró como “una responsabilidad absoluta” el que los gobiernos estatales no atiendan la demanda de seguridad de sus habitantes como les corresponde.
La legisladora resaltó que nunca como antes se han canalizado recursos para la seguridad, pero el problema es cómo los ejercen las entidades federativas, por lo que es preciso que “cada quien se haga responsable de lo que ocurre”.
Para el diputado priista Alfonso Navarrete Prida la estrategia para combatir al crimen organizado del gobierno federal “lejos de inhibirlo o reducirlo lo ha exacerbado” y las cerca de 60 mil ejecuciones así lo acreditan.
En este contexto, dijo, 70 periodistas han perdido la vida en los últimos 12 años, 45 de ellos en el actual sexenio.
Refirió que la responsabilidad constitucional de perseguir, investigar y sancionar las acciones del crimen organizado es de las autoridades federales, pues “no es competencia jurídica de los estados”.
“Es claro que la ola de violencia que envuelve a amplías zonas de nuestro país se ha generado como consecuencia de la comisión de delitos contra la salud, particularmente el narcotráfico y el tráfico y acopio de armas”, pero el Ejecutivo pretende deslindar su responsabilidad en la atención de este auténtico fenómeno delictivo, afirmó.
Su compañero de bancada, el diputado Humberto Benítez Treviño precisó que “exigir justicia por el asesinato de periodistas al gobierno de la República obliga a las dependencias a realizar la investigación en todo el territorio nacional”.
Agregó que el sistema federal establece un esquema de distribución de competencias y en este sentido “le pedimos al gobierno de la República que cumpla con la parte que le corresponde, que las entidades federativas hagan lo suyo y los municipios hagan lo conducente”.
“No es cuestión de endosar las culpas a la entidades federativas” ni de “crear entelequias para combatir realidades”, asentó.
En tanto, el diputado priista Carlos Flores Rico subrayó que “no es pertinente” discutir un tema tan sensible, complejo y doloroso por “cuestiones electorales”, pues el problema “es demasiado grave”.
Por el PRD, el diputado José Luis Jaime Correa expresó que “no estaríamos en este problema” si el Ejecutivo federal hubiese publicado la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada por el Congreso de la Unión y 17 legislaturas locales.
Con este ordenamiento, recordó, se establecen las bases de cooperación entre la Federación y las entidades para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, así como al ejercicio de la libertad de expresión.
Reiteró que no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes y esto se traduce en impunidad.
En tanto, el diputado panista José Luis Ovando Patrón coincidió en que es necesario atender puntualmente los delitos cometidos contra los comunicadores, pues tan sólo en Veracruz en este año 15 periodistas han sido asesinados.
Enfatizó que los estados “no se pueden eximir de la responsabilidad de salvaguardar las seguridad de los periodistas”, que también son ciudadanos, especialmente en las entidades donde se realizan las agresiones.
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